Debate sobre la agenda laboral, con los Dres. Schick y Echezarreta, en Construcción Plural

Echezarreta: “Recogiendo lo que están interpretando frente a esta crisis varios observadores que son especialistas en materia económica, se considera que una baja del poder adquisitivo de la población no es bueno para tomar fuerza y recuperar una economía normalizada. Las dificultades que puedan tener las empresas no debe reducirse simplemente a poner trabas a los aumentos salariales señalando que eso no sirve para la economía de la empresa individual sino que deberíamos buscar fórmulas de cómo podríamos mantener el poder adquisitivo del salario como se está haciendo en España bajando algunos puntos en las contribuciones o computándolas a cuenta de impuestos del Tesoro. En nuestro caso una rebaja del IVA, por ejemplo, permitiría reactivar la economía y el fisco podría recuperar lo que de alguna manera está concediendo a las empresas. Estamos en un círculo vicioso y hay que romperlo de alguna manera. Mi posición no es la de frenar aumentos salariales sino de discutir inteligentemente cómo se puede mantener el poder adquisitivo de los trabajadores”


Schick: “Quisiera remarcar que la ley establece tres obligaciones fundamentales al Consejo del salario. El primero, determinar el salario mínimo, vital y móvil que es el mínimo que le tienen que asegurar a un trabajador soltero, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria. Luego tiene que determinar los montos del seguro de desempleo. Y tercero, las pautas para establecer una canasta familiar básica que permita fijar el salario mínimo. Respecto a esto, acá tenemos un problema de falta de estadísticas. No cabe duda que hay que elevar el salario mínimo pero hay un error en convocarlo después de haberse hecho las rondas de negociación colectiva salarial. El salario mínimo tiene que ser el piso a partir del cual se discuta los convenios colectivos, sobre todo porque hay muchas actividades donde el mínimo del convenio colectivo, del salario convencional, se acerca mucho al salario mínimo vital y móvil. Es muy grave el tema del seguro de desempleo. Estamos hablando de un escenario de un 12 % probable de desocupación en la próxima etapa y el subsidio por desempleo está en la irrisoria suma -en el mejor escenario del trabajador que tenga más de 36 meses de antigüedad- de sólo 400 pesos más asignaciones familiares. Es una cifra congelada de hace muchos años, de la época de la convertibilidad. Eso hay que elevarlo y es función del Consejo del salario y además hay recursos porque los empleadores pagan el 1.5% de la remuneración sujeta a aportes de cada trabajador para el fondo nacional del empleo y ese fondo con estos subsidios y el nivel limitado de desempleo que había es superavitario. Entonces hay que aprovechar para redistribuirlo para que la gente que va a quedar en el sistema del desempleo que se está agravando no quede a la intemperie. Y hay que prolongarlo, no puede ser que se extinga a los 12 meses, con el agravante que los trabajadores a los tres meses de ser despedidos también pierden la obra social. Hay que elevar el salario mínimo como un elemento dinamizador de la economía, de los gremios que están más bajos, de los gremios provinciales y a su vez elevar el subsidio de desempleo y hay que tener en cuenta también medidas para el sector informal que no tiene ninguna protección y también para el sector público sobre todo provincial y municipal que tienen salario muy bajos y que no están alcanzados por este Consejo del salario mínimo, vital y móvil. Hay muchos temas por ver”.


Echezarreta “Yo creo que hay un error no de (José Ignacio) De Mendiguren sino de quien lo interpretó, no creo que él suponga que el salario vital mínimo -que es atribución del Consejo del Salario- sea discutido en convenio. A lo que se ha referido es que los mínimos deberían fijarse en cada actividad y que sea prudente la fijación del salario vital mínimo que tiene otro sentido. Eso es lo que habrá querido decir, que los salarios se discutieran en cada actividad en esta emergencia. Hay mínimos de convenios que sí se pueden fijar en una actividad determinada, inclusive en una empresa. Eso es otra cosa distinta. Y después hay salarios que pueden estar por encima de lo mínimo de convenio que obviamente nunca pueden estar por debajo de lo mínimo del salario vital mínimo. Es una cuestión formal”.



Shick “El secretario de la UIA De Mendiguren se equivoca en su reclamo de que en esta discusión del salario mínimo cada sector pueda negociar en particular atendiendo a la problemática distinta. Y más que equivocarse, De Mendiguren se aparta de la ley porque esa es una función de la convención colectiva de trabajo donde en cada actividad se establecen los salarios básicos de convenio. Esto es el mínimo que tiene que corresponder de acuerdo a la ley para cada trabajador soltero para cubrir las necesidades básicas que mencionábamos. Estamos hablando de una regulación legal, no estamos hablando de una disposición política. Estamos hablando del artículo 135 de la 24.013, y del artículo 116 de la ley de contrato de trabajo. O sea que lo que él está planteando es lo que se discute en el convenio colectivo de trabajo, la comisión colectiva es otra cosa. Cada gremio que tiene una dinámica distinta, el camionero podrá cobrar a lo mejor 4000, a lo mejor en comercio 2000, eso va a depender de la fuerza de cada gremio.

“El gobierno tiene una debilidad política y está haciendo una serie de convocatorias que durante 6 años no hizo y hay que ver si son efectivas o no. Yo lo que planteo es una preocupación respecto a los efectos que ha tenido estos acuerdos cupulares respecto del sector laboral que en general han sido negativos. En concreto: en España, a partir de los ponderados acuerdos de la Moncloa se introdujo toda la flexibilidad laboral y la desprotección para el sector trabajo que se ha importado después a la Argentina Armando Caro Figueroa. el ministro de Trabajo de Carlos Menem Con estos pactos macro hay que estar muy alertas porque los que salen desfavorecidos son los trabajadores. El otro ejemplo es el acuerdo marco de 1994, que firmó la CGT, el gobierno y las cámaras empresarias que concibió todo el programa de flexibilidad laboral, todas la leyes precarizadoras, la ley de riesgo de trabajo, la privatización de la seguridad social y después todo eso se llevaba al Congreso y diputados oficialistas decían bueno…"esto ya lo consensuaron los actores sociales, ya está decidido, votemoslo a libro cerrado..." y así se aprobaron las leyes que siguen vigentes en su mayoría salvo por la jurisprudencia de la Corte Suprema que le ha puesto un freno. Es muy preocupante esto para el sector trabajo, yo ahí pongo una alerta para que el sector trabajo que esté en esas negociaciones no se deje avasallar y retroceder respecto a conquistas que se han hecho en estos últimos años. O por lo menos en revertir el modelo de flexibilidad laboral que no se avanzó en una mejora normativa, lo que se ha hecho y tiene un rol destacado es la Corte Suprema”


Echezarreta: “El Consejo Económico y Social debe tener determinadas funciones que no pueden reeplazar las que políticamente le corresponde al Congreso y por su puesto al Poder Ejecutivo en la colaboración para la puesta en vigencia de las leyes. No puede ser que un Consejo Económico y Social sustituya al Parlamento. También la ausencia de un consejo se ha dado en un marco en donde ha habido una ausencia absoluta de diálogo y se ha dado una confusión de poderes. Primero habría que reconstruir ese sentido de acatamiento de la Constitución Nacional, de la división de poderes, de las funciones que tiene el Parlamento y de lo que significa el diálogo. Y después sí hay que reconocer que los sectores sociales, los actores sociales, los sindicatos y empleados pueden dar sus opiniones pero de ninguna manera comprometer a los poderes políticos más allá de lo que dice la Constitución Nacional”.


Shick: “ De acuerdo a los principios, los sindicatos, la CGT , deben ser independientes de los partidos políticos, los gobiernos y por su puesto los empleadores y acá ha habido una adhesión muy indiscriminada con la poltítica oficial del gobierno y se le ha querido “facturar” al líder de la CGT esa posición. Por supuesto que muchos de los cuestionadotes han sido los que en la época del ’90 suscribieron ese acuerdo marco que yo criticaba. El reproche que se le hace a Hugo Moyano es ese apoyo incondicional e indiscriminado. Quizá él ha tenido una serie de virtudes en defender el sector trabajo y tener una posición anti flexibilizadora incluso en la época de (Carlos) Menem. Ahora tuvo este problema y quienes apoyaron aquel proyecto ahora vienen a cuestionarlo. El problema de Moyano fue no mantener la independencia”.

Echezarreta: “Coincido plenamente y lo amplio. Los demás sectores como el empresario por ejemplo cuando se compromete en la política y cuando se identifica con un determinado gobierno arriesgan muchísimo la función de representación que debe cumplir precisamente aspirando a un bien común. Cada uno debe defender posiciones sectoriales pero no deben embanderarse en determinadas ideologías o partidos políticos o circunstancias de gobierno. Por ser así hoy, después se tienen que pagar los costos”.


Shick: “El proyecto del jefe de Gobierno Mauricio Macri hoy aparentemente dejado de lado tendiente a solicitar datos personales era altamente discriminatorio y me extraña que el subsecretario de Trabajo porteño, Jorge Ginzo, un hombre que conozco y que es serio, no haya advertido este problema porque es un poco inusitado. Por eso han dado marcha atrás tras el reproche de todos los constitucionalistas. Creo que era sido una medida apresurada, inconsulta, extraña”.


Echezarreta: “Opino lo mismo y además creo que debería darse marcha atrás a toda la disposición, suspenderla y analizar. Debería escucharse la opinión del sector empresarial) que va a tener que cargar con todo eso. Lo atribuyo a un desliz más bien, no creo que haya estado razonado”.