Paritarias 2016

Por Eduardo Zamorano

Abogado laboralista

Las negociaciones colectivas salariales de este año presentan dificultades de importancia. Esta nota describe esos inconvenientes, al tiempo que procura aclarar algunos conceptos jurídicos ligados al asunto.  La primera complicación es obvia: hace sólo sesenta días se produjo un cambio en el gobierno del país, luego de doce años de estar ocupado por otra fracción política con un discurso, más allá de los hechos concretos, muy diverso al enarbolado por la entente Cambiemos.

A esta situación, de suyo irritante, se añade que los actores sociales involucrados en la negociación colectiva tienen dudas y reservas sobre la política laboral del nuevo gobierno;  ello genera cautela en el sector empresario, desconfianza en los gremios, y confrontación en los sectores sindicales alineados con el kirchnerismo o proclives a sostener posiciones radicalizadas.

 Lo dicho sobre la débil aptitud comunicacional mostrada hasta hoy por la cartera de trabajo, se patentiza en una serie de anuncios confusos, en ocasiones parcialmente desmentidos y en otras eliminados de la agenda sin mayores explicaciones.

Me refiero a temas que ocuparon un sitio relevante en los medios, tales como: “Acuerdo Marco sobre precios y salarios” (la primera reunión estaba prevista para los primeros días de febrero, pero ya dejó de mencionarse); cláusulas de productividad en los Acuerdos Salariales; recomposiciones  salariales en base a la inflación prevista para el periodo y no a la pasada, entre otros tópicos fundamentales.

El contexto negocial es también complicado y  -debe reconocerse- y viene del gobierno anterior, pero también es una consecuencia inevitable de medidas implementadas por el actual tendientes a revertirlo.

El ingenio popular lo sintetiza así: “precios nuevos con salarios viejos”. Ya antes del   tragicómico  “traspaso del mando”, no se cumplía la mecánica de “precios cuidados”, lo cual permitió una subrepticia remarcación de precios. Luego del 10 de diciembre, hubo otra subida por efecto de la devaluación para salir del cepo cambiario y la eliminación de retenciones a la producción agropecuaria a excepción de la soja. Y para marzo venidero el encarecimiento de las tarifas de electricidad provocada por la necesaria eliminación de subsidios reducirá la  -ya mengüada-  capacidad adquisitiva de los salarios.

A comienzos del año, los gremios solicitaron una compensación extraordinaria ante un fenómeno inflacionario que desbordaba las pautas estipuladas en los Acuerdos Salariales vigentes. Algunos obtuvieron sumas fijas y postergaron la renovación de sus Acuerdos vencidos (bancarios), otros lograron adelantos a cuenta de los futuros Acuerdos (metalúrgicos).

Al escribir estas líneas se celebra una cumbre entre el Presidente y las tres cegetés enroladas en la ortodoxia sindical. El gobierno pugna techar en un 25% el aumento del periodo anual, ya que afirma una baja del costo de vida a partir del segundo semestre; en este sentido, si bien prefiere la vigencia anual de los acuerdos, no opondría reparos a una negociación  en dos bloques de seis meses lo cual permitiría sondear la evolución de la inflación al tiempo que la dirigencia gremial descomprimiría la presión de sus bases.

Obviamente, la seducción gubernamental para facilitar el consenso gremial y moderar los incrementos, consiste en esta promesa: (i) Elevar el piso mínimo y las deducciones para el pago de ganancias en forma inmediata; ello complementado con una corrección  de las escalas en un lapso prudente. (ii) Un incremento en las Asignaciones Familiares y Jubilaciones (ya se anunció un 15,35% a partir de marzo). (iii) La reducción del Impuesto al Valor Agregado en los productos de la canasta básica para jubilados y desocupados. (iv) Como frutilla del postre, se abonarían a las obras sociales sindicales los fondos retenidos que suman un importe cercano a los treinta mil millones de pesos.

No es necesario profesar simpatía por el oficialismo de turno para anhelar un trámite pacífico y equilibrado en la ronda paritaria en ciernes, aunque debe admitirse que se trata de la negociación paritaria más compleja y riesgosa de los últimos tiempos.

El resultado favorable de las tratativas depende menos de la buena voluntad de las partes que de la disminución del proceso inflacionario y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Respecto a este último aspecto, la escalada de despidos en el sector público se digiere por la dirigencia sindical en tanto puede justificarse en la maniobra política orquestada por el gobierno anterior aludida en el punto 1 de este comentario. Pero esa tolerancia no existe si comienzan las desvinculaciones masivas en el sector privado. Según la publicación “Tendencias Económicas y Financieras” desde la asunción de Macri se produjeron 41.921 despidos laborales. Lo sorprendente y preocupante es que el 50% de los mismos se registraron en el ámbito privado (construcción, metalurgia, laboratorios, comercio, frigoríficos, gastronómicos, editoriales, minería, textiles, indumentaria, y servicios).

En la cumbre entre el Presidente y los máximos capitostes gremiales se planteó esta inquietud y, a mi humilde entender, es la amenaza más seria que sobrevuela las paritarias en ciernes.-