Por Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Columnista de CONSTRUCCION PLURAL
El escándalo estalló cuando se conoció el arreglo entre el Estado y el grupo Macri por las deudas del Correo. Una licuación impúdica de la acreencia. Más allá de cualquier detalle y monto en cuestión, el arco de oposición se amplió hasta impensados personajes de la política y prensa favorables al PRO y a Cambiemos.
Claro que el tema “Correo” retrotrae la discusión al momento de la privatización de la empresa en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, a la quiebra solicitada en medio de la gran recesión que desembocó en la crisis del 2001 y la re-estatización (para re privatizar) en 2003, ya con gobierno de Néstor Kirchner.
La deuda y el conflicto se arrastran desde comienzos del siglo y pone en evidencia la capacidad de una burguesía y capital local transnacionalizado, que hace negocios amparados en el sostén del Estado capitalista. Válido en gobierno constitucionales o no.
El grupo Macri no pagaba el canon comprometido por la privatización del Correo y luego de la quiebra continuó gestionando sin cancelar pagos. La deuda acumulada es gigantesca y mayor aun con el perdón sucesivo (aun en conflicto por trámite no terminado). Pasa el tiempo y el Grupo Macri, accionista la familia, se beneficia hasta que encuentre una ocasión favorable para el cierre del caso.
Parecía ideal el momento para negociar con un Macri, Mauricio (el primogénito del Clan), en la Presidencia de la Argentina, aun cuando se sostiene que la negociación no involucraba al jefe del Poder Ejecutivo.
El escándalo escaló en la consideración pública y tras largos días de instalación en la prensa, el presidente informó que la situación volvía a foja cero. Habrá que ver, ya que el proceso negociador se enmarca en trámites judiciales con un recorrido que ahora debe revisarse.
La primera conclusión es que sin control judicial, mediático, político y social, la impunidad avanza y tiene costo fiscal elevado que compite con demandas sociales insatisfechas.
Si pasa se avanza, si no, esperemos a mejor momento
Ya es costumbre en el gobierno Macri el intento de avanzar con posiciones de máxima y luego retroceder ante la presión social si es masiva y determinante.
Existen ejemplos desde el inicio de la gestión en el intento de nombrar integrantes de la Corte Suprema de Justicia por Decreto. Finalmente lo logró con acuerdo parlamentario.
Más reciente intentó modificar la conmemoración del golpe del 24 de marzo del 76 como si se tratara de un feriado a mover en la semana. La crítica masiva lo llevó a la reconsideración, vaya uno a saber hasta cuando, lo que impone una gran movilización conmemorativa del 41° aniversario del golpe genocida.
En esas horas en que se debatía el tema Correo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se intentó corregir a la baja el ingreso previsional de millones de jubilados. Ante el reclamo generalizado y pese a la insensibilidad del Gabinete que aludía “apenas son 20 pesos”, Macri anunció retrotraer la situación del Correo y de los jubilados. Algunos quisieron fundamentar que el FMI demandaba acciones para bajar el gasto en seguridad social y previsión, intentando desplazar la responsabilidad.
Sin duda, es un logro de las denuncias y la ampliación de las protestas, pero a no engañarse, Macri retrocede reconociendo errores, pero en simultáneo avanza en las reformas estructurales que puede, caso de las ART.
Recordemos que a fines del año pasado el Senado de la Nación había dado media sanción a la modificación al régimen de riesgos del trabajo. El argumento era la elevada cantidad de juicios relativos al tema. Nada se decía ni se dice sobre el tema central que son los riegos laborales de trabajadoras y trabajadores.
Como el tiempo pasaba y por razones de conveniencia política se resolvió aprobar la modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia. La protesta se extendió y Macri no tuvo más remedio que convocar a sesiones extraordinarias. Con ello volvió sobre sus pasos y con complicidad opositora y aval del triunvirato de la CGT, la ley modificada fue aprobada.
La ley que modifica el régimen de riesgos del trabajo es favorable para las patronales y las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), un gran negocio que confronta con el objeto originario de la ley en prevención del riesgo laboral.
Existe plan económico y hay que confrontarlo
No es cierto como algunos sostienen que “no hay plan económico ni rumbo”, la orientación es profundizar el cambio económico regresivo, con Prat Gay o con Dujovne; con Melconian o González Fraga; con Sturzenegger o con quien sea.
En esencia, es la lógica del plan sistemático de hace cuatro décadas y afianzado en los 90. Esos fueron tiempos de consolidación del Grupo Macri, que hoy potencia desde la gestión Macri. Además, ahora Donald Trump alude al papel de liderazgo que Mauricio Macri puede jugar en la región, según dice la Casa Blanca en el informe luego de la conversación telefónica entre ambos presidentes.
Así se explica la discusión en torno a las actualizaciones de los ingresos de los bancarios. No se quería convalidar actualizaciones salariales más allá de la pauta imaginada desde las autoridades y las patronales. La protesta de los bancarios y el clima social definió un acuerdo.
Acaba de celebrarse, en este marco de contradicciones, idas y vueltas de medidas del gobierno, el acuerdo con los bancarios para obtener un 4% a enero por recomposición salarial derivada de la inflación del 2016; y un 19,5% retroactivo a enero como actualización por 2017, sujeto a reconsideración según la evolución del costo de vida. En total un 24,3% más algunas bonificaciones.
Recordemos que el acuerdo había sido suscrito en noviembre del año pasado y el Ministerio de Trabajo negaba su homologación. El anuncio de un paro por 72 horas motivó el arreglo en un marco de extensión de protesta de la sociedad por variadas razones.
Todos los retrocesos y avances ocurren en simultáneo, producto de una lucha de clases en donde se despliegan variadas iniciativas políticas en uno u otro sentido.
La cuestión de fondo desde el gobierno Macri apunta a modificar reaccionariamente la legislación laboral y los derechos de los trabajadores.
Algunos dicen que eso no es novedad en el capitalismo, sin embargo, la correlación de fuerzas en determinados momentos de la historia define derechos para la mayoría social que vive de su trabajo.
En la coyuntura, con una feroz ofensiva del capital sobre el trabajo queda demostrada que se puede poner freno a ciertas groseras iniciativas como la impunidad del caso Correo y el intento por disminuir los ingresos previsionales.
Ahora, la batalla está centrada en la docencia y por el tipo de educación, de ciencia y técnica, cuando el ministro del área científica, con 10 años de antigüedad en el cargo, señala que hay que reorientar la política de investigación.
Los jóvenes investigadores supieron ganar la calle y la solidaridad social en diciembre pasado, El gobierno pateó el tema para el 2017 y todo indica que es necesario continuar instalando socialmente la cuestión de una ciencia y una técnica para la emancipación.
Trabajadores docentes e investigadores constituyen el próximo round contra la política de ajuste y disciplinamiento de trabajadoras y trabajadores. La realidad de estos días demuestra que con unidad de acción movilizada puede revertir el intento del gobierno Macri.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2017
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