Por Gustavo Ferrari Wolfenson
Este sábado 22 participé como oyente en un interesante
conversatorio de especialistas, sobre el tema de la seguridad
en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,
promovido por el Foro Patriótico, moderado por Claudio
Chávez, en donde estuvieron presentes Miguel Ángel Toma,
Sergio Berni, Marcelo D Alessandro y Vicente Ventura. Si
bien hubo opiniones compartidas en la materia, se registró muy poco,
salvo en el caso de M.A. Toma, respecto al tema de la prevención.
Durante tres años trabajé como consultor del gobierno de México, en
el proceso de pacificación de la provincia de Michoacán,
centro neurálgico del narcotráfico y crimen organizado. Si
bien mi especialidad no es la seguridad, mi labor estuvo
directamente orientada en lo relativo a la reconstrucción del
tejido social, víctima de la violencia institucionalizada, en una
zona de alta vulnerabilidad y ausencia total del estado de
derecho.
Partamos de unos fríos números. En 8 meses de pandemia,
hoy México tiene casi 65 mil muertos por Covid y 20 mil por
violencia, por lo tanto, la seguridad humana y la lucha contra
la violencia son dos de las demandas más grandes de la
población, generando como bien se señaló en el debate, la
pérdida total de confianza en las autoridades encargadas de
la seguridad pública.
Sin embargo, en plena tarea de campo, como la que me tocó
vivir, pude entender la delgada línea que llega a exhibir la
diferencia entre narcotráfico y crimen organizado, sobre todo
fundamentado en la falta de oportunidades, educación, y de
alternativas en materia de desarrollo social y económico, que
van haciendo que jóvenes, adolescentes y la niñez se
conviertan en carne de cañón para la delincuencia.
Por ello comparto la visión que el desafío que se debe
afrontar es implementar una estrategia en el combate contra
la inseguridad desde un enfoque dual basado tanto en los
efectos como en las causas del delito. Es tan importante
contar con estrategias de reacción, policía, inteligencia,
tecnología y control, como ir a la raíz del problema y atender
los factores de riesgo.
Comparto que hay que lograr que los elementos policiales
cuenten con mejores remuneraciones, con más capacitación
y empatía, con el equipamiento necesario para el desarrollo
de sus funciones y así brindar una mayor seguridad
ciudadana. Y al mismo seguir incorporando el uso de
tecnología, para establecer mapeos que permitan diseñar
programas focalizados en cada región para atender
necesidades puntuales con la mayor eficacia posible.
Lo importante es entender que la seguridad es un proyecto
común, de desarrollo comunitario y social, que requiere de
participación de todos para dignificarlo, cuidarlo y
conservarlo y que debe, asimismo, contar con un espacio
territorial y ambiental para llevarlo a cabo.
Sin embargo, en este proceso se
ha omitido la participación ciudadana, porque creo que
hemos olvidado que cuando la comunidad participa, la
legalidad se arraiga y la seguridad perdura. Hay que combatir
la violencia y el delito con una visión integral, donde debemos
afrontar los problemas que nos aquejan hoy, pero también
tenemos que cerrar el paso a la delincuencia a través de la
apertura y acercamiento de oportunidades para el desarrollo
individual, familiar y colectivo. Porque es ahí donde todos los
días se construyen entornos más seguros, a partir de la
confianza mutua, la tolerancia y el respeto.
El trabajo que realicé en Michoacán estuvo basado en un
modelo de prevención apuntalado de la mano de la sociedad
con el objetivo de aumentar las capacidades locales para
disminuir la inseguridad y fortalecer el tejido social a partir de
la cultura de la legalidad. Esta tarea comunitaria debería
también incorporarse en la agenda social de cada municipio,
cosa que como hoy se discutió, está altamente fragmentada
bajo mecanismos y normativas que obstruyen más que
acompañan.
Prevención representa tener acceso a espacios públicos más
adecuados, que se brinden actividades culturales, deportivas
y productivas en todos los rincones y en especial en aquellos
lugares que se quiere mantener a nuestros jóvenes en sano
desarrollo y alejarlos del crimen.
Porque la violencia y la inseguridad no constituyen un fenómeno asociado
únicamente a la actividad del crimen organizado. Detrás de
ella se encuentran factores como la violencia familiar, la
ocupación irregular del espacio urbano, el aprovechamiento
de las áreas públicas con fines de lucro, el deterioro de los
barrios, la necesidad de vivienda, la distribución desigual de
los servicios públicos, la falta de infraestructura comunitaria,
la especulación del suelo urbano, el transporte público
ineficiente e inseguro, la informalidad económica y el
crecimiento de grupos con un fuerte déficit social, emocional y
afectivo entre muchos otros.
Estamos conscientes que erradicar la violencia y el delito es
una tarea que va más allá de lo inmediato y exige transformar
el entorno y las prácticas que los generan.
El Conversatorio, sin embargo, me dejó el vació y la pregunta si realmente
existe en el país la intención de incluir en la agenda política e
institucional una verdadera prioridad de interés nacional en la
materia.
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