Reelecciones en América Latina

Comenzamos a dar cuenta de este espacio que busca compartir ciertas percepciones que anhelamos sean de vuestro interés, y que quizás puedan obrar como disparadores hacia la reflexión. Sus comentarios no sólo serán bienvenidos: alentamos vuestra participación.

El sábado último, en el diario La Nación, en el marco de los habituales diálogos con actores del campo intelectual, fue entrevistado Daniel Zovatto, politicólogo argentino graduado en la Universidad de Harvard en gerenciamiento público y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, y también director regional para América latina del Instituto Internacional para la Democracia (IDEA Internacional), organismo intergubernamental con sede en Estocolmo.

Algunas de sus definiciones:

-Si bien más de dos terceras partes de los países de América Latina permiten la reelección (presidencial), sólo cinco (la Argentina, Brasil, República Dominicana, Venezuela y ahora Colombia) la autorizan de forma inmediata.

-Todas las reformas para permitir las reelecciones inmediatas tuvieron nombre y apellido: Menem en la Argentina, Cardoso en Brasil, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Mejía en República Dominicana, y ahora Uribe en Colombia. Y todas ellas se concretaron durante la presidencia de mandatarios interesados. El único que no lo logró fue Hipólito Mejía, en República Dominicana, quien fue derrotado por el actual presidente Leonel Fernández.

-Hay que destacar el buen ejemplo que deja Chile sobre esta cuestión, donde Ricardo Lagos, si bien impulsó exitosamente una reforma constitucional que puso fin a la mayoría de los "enclaves autoritarios" de la Constitución de 1980 y acortó el mandato presidencial, no intentó incorporar la reelección inmediata en beneficio propio. Una decisión muy valiosa, teniendo en cuenta que la adoptó cuando goza de una altísima popularidad. La experiencia latinoamericana indica que la reelección refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo y que, por lo general, los segundos mandatos fueron de regular o mala calidad o, incluso, no concluyeron.

-Siete experiencias desde 1978 a la fecha confirman los argumentos acerca de los peligros y defectos (de la reelección, y peor aún, de la inmediata): la de Alfredo Stroessner en Paraguay, inconclusa como secuela del golpe de Estado de 1989, después de varias reelecciones sucesivas; la de Joaquín Balaguer en República Dominicana, cuyo último mandato fue acortado de cuatro a dos años como consecuencia del fraude cometido durante su última reelección, en 1994; la de Fujimori en Perú, inconclusa, debido a su fuga del país y posterior destitución por corrupción; la de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, que incluso habiendo sido reelecto en forma no inmediata tuvo que renunciar a la mitad de su período como consecuencia de su acelerado desgaste que sufrió; la de Carlos Menem, que concluyó su segundo mandato acosado por problemas económicos, alto desempleo y denuncias de corrupción, así como los mediocres segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (inconcluso por destitución), y el de Rafael Caldera en Venezuela (estos dos últimos también casos de reelecciones no inmediatas).

-El único ejemplo de reelección inmediata con un resultado aceptable fue el de Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, pero su primer período fue más exitoso que el segundo.

-Nunca como ahora desde el retorno de la democracia en América latina (1978) tantos presidentes intentarán la reelección inmediata. En los próximos dos años varios mandatarios actuales (Uribe en Colombia, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, y Kirchner en la Argentina) podrían buscar su reelección inmediata. Y otros ex presidentes también buscarán volver al poder vía la reelección alterna, como es el caso, entre otros, de Arias en Costa Rica, Alan García y Valentín Paniagua en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, entre otros.

Esta fiebre reeleccionista es una mala noticia para una región, como la nuestra caracterizada por la debilidad institucional y la personalización creciente de la política. Además, refuerza el mal uso y abuso de los fondos públicos y le resta equidad a la contienda electoral.