C. LOZANO - ¿Rentas extraordinarias o negociado extraordinario?

Por Claudio Lozano - Diputado nacional

En el curso de la última semana de discusión parlamentaria, hemos demostrado que desde el 9 de noviembre hasta junio de 2008 los cambios operados en el nivel de las retenciones (de 27,5% a 35% y a 44%) han recaído sobre los productores pero no han sido liquidados por las multinacionales cerealeras al Estado argentino.

Es así que entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, mientras los productores pagaban retenciones del 35%, las cerealeras (Bunge, Cargill, General Deheza, Molinos, etc.) liquidaban al Estado un 24,28%. Luego de las famosas retenciones móviles (desde marzo de 2008 a junio) los productores pagaban en torno al 40% y las trasnacionales cerealeras liquidaban al Estado un 24,7 por ciento.

En concreto, en ambos períodos se acumulan más de 1.100 millones de dólares que salieron de los productores, no fueron al Estado e incrementaron las ganancias de las cerealeras. Esto pudo ser posible por la connivencia entre funcionarios de diferentes ámbitos del Estado argentino con los intereses de las cerealeras. Así, no se cerró en su momento el Registro de Exportaciones cuando se sabía que se iban a modificar las retenciones; se permitió que un senador de la Nación integrante del bloque oficial y dueño de Aceitera General Deheza debilitara y distorsionara la ley que había votado la Cámara de Diputados para evitar este escándalo y, por último, de manera inexplicable, el Poder Ejecutivo demoró la reglamentación de la ya debilitada norma que aprobó el Parlamento.

Queda claro entonces que esto ocurrió porque se decidió que ocurriera. Puede observarse también que medidas planteadas con el objetivo supuesto de capturar rentas extraordinarias terminan, en el marco de la presente gestión gubernamental, siendo funcionales a la apropiación de beneficios extraordinarios por parte de uno de los actores más poderosos de la cadena agroindustrial.

Ahora bien, si esto es así debe replantearse la discusión. ¿Qué sentido tiene que el oficialismo insista en no modificar una retención que en la práctica no está cobrando y que no permitiría tampoco nutrir de recursos el Fondo de Redistribución Social de los Ingresos? ¿Qué sentido tiene el argumento opositor de suspender una medida que en realidad no se está cumpliendo? El reconocimiento por parte de los exportadores y la Bolsa de Cereales de que lo denunciado es así como lo planteamos obliga a la siguiente línea de acción:

a) Frenar el negociado perpetrado por las cerealeras con auxilio de funcionarios gubernamentales.

b) Propiciar la renuncia de los funcionarios involucrados.

c) Recuperar para el Estado la mayor parte de los recursos que capturaron las multinacionales del cereal.

d) Encarar un replanteo de la operatoria de Comercio Exterior a efectos de evitar esta suerte de "colador" que es la actual regulación estatal y que nutre los bolsillos de los exportadores.

e) Poner en marcha un nuevo esquema de retenciones compatible con una nueva estrategia agropecuaria.