Diálogo con el abogado Fabian Bergenfeld, titular de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana.
“Hay una atomización alarmante en la oposición que permite que el Ejecutivo siga con su avance a pesar que el resultado de las urnas fue lapidario. El escaso caudal político con que cuenta hoy el gobierno podía hacer prever muchas situaciones pero jamás que se continuara con este avasallamiento a los derechos, este incumplimiento a los contratos, esta demagogia que se traslada a una rescisión de un contrato entre particulares; nuevamente el gobierno toma ingerencia en este caso en un contrato entre la AFA y una entidad que nos significa a nosotros una erogación a nivel tributario por la que el erario público se tiene que hacer cargo en este caso de subsidiar al fútbol y por supuesto después tener que afrontar las consecuencias de juicios multimillonarios que se le vienen encima al Estado. Entonces el Estado interviene en forma demagógica en este caso como lo ha hecho en su momento para salvar bancos cuando ocurrió la tragedia del 2001 con el corralito y la pesificación de los depósitos. El Estado interviene siempre violando los contratos, violando la palabra y de esa manera lo único que logramos es una falta de seguridad jurídica que se traslada a la inexistencia de inversiones provenientes del exterior y del propio mercado interno. Allí es donde está la clave de todo. La inseguridad jurídica es el peor flagelo y es consecuencia de la anomia en la que estamos sumergidos en donde la violación de los contratos -sea depósitos bancarios, fútbol, bonos, el default del año 2001-. Lo vemos en la situación de las AFJP en donde rige a partir del año ’94 un nuevo sistema en donde los afiliados tienen derechos adquiridos que después son cercenados de a poco por el Estado, hasta llegar finalmente a la confiscación total a fines del año pasado pasando todos los aportes a manos del Estado para que sean malversados por el ANSES. En definitiva, ante semejante cuadro de situación los hombres de derecho y cualquier ciudadano observa con estupor que evidentemente las posibilidades que haya inversiones en el país que se los considere serios son nulas”.
“Este gobierno lo que está logrando es ni más ni menos que una desacreditación absoluta respecto de lo que es la palabra, lo que es el cumplimiento. Allí es donde tampoco aparece el brazo de la justicia como debería porque convengamos en que el Consejo de la Magistratura tenía como función la designación y sanción de jueces para mejorar el funcionamiento de la justicia. Una asignación de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a la capacidad de los magistrados. Esto no sucede; las designaciones están hechas en gran medida a dedo. Las sanciones a los jueces están provocadas por el poder político que maneja el Consejo de la Magistratura para obtener fallos convenientes a sus políticas. En lugar de ser una institución como preveía la Constitución del ’94 que justamente mejorara nuestra justicia, se ha transformado en una herramienta de presión del poder político sobre la justicia”.
“Surgieron ciertas bocanadas de aire al comenzar a juzgarse a funcionarios públicos casualmente a partir de la derrota electoral del kirchnerismo el 28 de junio, pero por el otro si bien hay investigaciones como en el caso del enriquecimiento ilícito, si bien después de tantos años se está citando a Luis D’Elia por la causa de la toma de la comisaría, paralelamente a eso también se lo procesó al propio piquetero por lesiones a raíz de golpizas que le propinó a una persona del campo, lamentablemente parece que tiende a detenerse allí la cosa porque a la luz del poder que el matrimonio presidencial cuasi monárquico sigue ejerciendo parecería que esa presión sobre los jueces va a continuar. Y no se mejorará en la medida en que no se reforme el Consejo de la Magistratura con una mofidicación mucho más integral, no sólo tiene que volver a la antigua composición con una mayor proporción de abogados y jueces por encima de los legisladores, ya que ahora los abogados son lamentablemente dos nada más y no pueden ejercer su profesión paralelamente, el grado de especialización que requiere integrar el Consejo de la Magistratura tendría que evitar que los jueces y eventualmente los diputados que lo integren estén cumpliendo un doble rol, acá tiene que haber una dedicación full time por parte de los integrantes del Consejo porque es la única manera de garantizar que funciones conforme a lo que se previo inicialmente y que no sea una parodia institucionalizada como la que es en este momento. Si esto ocurriera tendríamos un manejo por parte de los magistrados mucho más coherente y no espasmódico como en este caso donde ante un resultado electoral adverso empiezan a avanzar en causas que comprometen a funcionarios y al propio matrimonio presidencial y después cuando viene el contraataque entonces se detienen. Acá ha existido un contraataque reciente a través de pseudo figuras de la cultura que han saltado en defensa de D’ Elía. Quiero ver realmente si este procesamiento, si la declaración indagatoria a la cual va a ser sometido por la toma de la comisaría va a tener también como consecuencia un procesamiento y la consecuente detención porque son delitos en definitiva no excarcelables. Yo tengo mis serias dudas sobre que esto suceda y me parece que en ese sentido el poder político sigue poniéndole freno permanentemente al avance de la justicia y al control de constitucionalidad que la misma ejerce sobre los actos de gobierno”.
“Evidentemente existen siempre pactos espurios que se llevan a cabo a espaldas de la población y que se trasladan a enjuiciar con posterioridad al fin del mandato del funcionario al que le toca en suerte siempre y cuando por cierto no integre los partidos mayoritarios fundamentalmente el Justicialista que se ha transformado lamentablemente en una auténtica banda y en ese sentido asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, los niveles de asociación ilícita que existen dentro del gobierno y dentro del Partido Justicialista lamentablemente en todos los niveles desde el nacional llevado al provincial y aún en los municipios de tal magnitud que vienen siempre los contubernios, las participaciones mayoritarias o minoritarias que tienen cada uno de sus integrantes. Esta gran banda en que se ha transformado un partido que fue creado con otros fines evidentemente, de bien público como debe ser cualquier partido político, se transforma en una suerte de gran asociación ilícita donde van cambiando los personajes pero el sentido parece ser siempre el mismo: beneficiarse a costas de la ciudadanía y el incurrir en actos de corrupción permanentemente. Acá el único límite es a través de una justicia independiente en la medida que el principios de división de poderes no se respete no hay república y en consecuencia no tenemos posibilidades de limitar este accionar corrupto por parte del Estado y de este gobierno en forma más que elocuente”.
“Para ciertas formalidades y ciertas protocolos, la Corte es mandada a hacer. Lamentablemente son muy escasos los integrantes del máximo tribunal que hacen honor a ocupar el sillón más importante que la Justicia puede deparar después de su carrera judicial. Realmente son muy contados los casos. El ejemplo más emblemático de independencia y de eficacia en lo que es impartir justicia es el Doctor Carlos Fayt pero su ejemplo lamentablemente no cunde mucho entre sus pares y se dedican al protocolo, a dejar a salvo las nominaciones por encima de las necesidades. La Corte Suprema debiera inexorablemente reducir el número de causas que ingresan a su órbita de conocimiento. El Doctor Fayt dice precisamente con toda lógica que la Corte no es un mercado de ramos generales, en donde pueden indicar miles de causas que son de imposible análisis por parte de sus miembros ante semejante cantidad. La Corte tiene que intervenir fundamentalmente en causas donde tenga que controlar la constitucionalidad de los actos, donde haya cuestiones de índole federal en donde estén en juego los intereses supremos de la Nación. Lo contrario importa un despropósito y la ineficacia de la corte pasa a ser total”.
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