Por Fernando Mauri
Hace pocos días, en Colombia, la Corte Suprema obturó las apetencias hegemónicas del presidente conservador Alvaro Uribe, quien en línea con Carlos Menem en los 90, pretendió forzar las instituciones y aspirar a un tercer mandato.
El máximo tribunal, pese a la alta popularidad de titular del Ejecutivo colombiano que se encaminaba seguramente a un tercer período de gobierno en caso de tener vía libre judicial, impidió la maniobra gubernamental.
Uribe aceptó de buenas a primeras el fallo, y no cuestionó ni elevó críticas descalificadoras a viva voz contra la Corte.
Valga el ejemplo, para enfocar la arremetida de ayer de la presidente de la Nación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que no hace más que explicitar que al matrimonio presidencial a esta altura ya no le queda actor por enfrentar, en tanto su debilidad y orfandad ha adquirido niveles preocupantes en términos de gobernabilidad.
Para una pareja gobernante que hace de la autocracia y la prepotencia su razón de ser, el llamado a la mesura connota censura. Mirada de mentes afiebradas, para las que negociar -en el buen sentido de la palabra- es verse impedidos de imponer por la fuerza y disciplinar.
La acometida contra el máximo tribunal cuya conformación Néstor Kirchner contribuyó saludablemente a edificar en los albores del kirchnerismo en el poder constituye el más reciente capítulo de una serie de ataques a la justicia.
El sendero de procederes fuera de la mesura en términos legales incluye los antecedentes de los Kirchner en Santa Cruz con la destitución del procurador del Estado (un tema aún no resuelto pese a los fallos de la Corte que conminan a su restitución en el cargo), el desconocimiento de fallos sobre las oscuras elecciones en el gremio de Aeronavegantes, la intimidación a una jueza nacional con un patrullero policial en la puerta de su casa tras haber fallado en contra de los intereses K y la amenaza de desconocer nuevas sentencias en torno al uso de reservas del Banco Central, entre lo más destacado.
La acusación en tono a que la justicia como colectivo opera como el Partido Judicial, habla por sí sola. Entretanto, la protección de la justicia federal en buena medida aún opera como muralla de protección K, y los Oyarbide y los Faggionato Márquez son defendidos por las huestes oficiales en el Consejo de la Magistratura, a partir de las acciones de dos impresentables de ley: Carlos Kunkel y Diana Conti.
Con su ofensiva fina contra la Corte, el autoritarismo y la prepotencia kirchnerista aparece exhibida en todo su esplendor.
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