Paritarias 2012

Por Eduardo Zamorano

Abogado laboralista

Columnista de Construcción Plural, el programa de Fernando Mauri.

Las negociaciones colectivas salariales de este año se presentan más arduas que en oportunidades anteriores.

Si bien no es válido generalizar, ya que siempre hubo  paritarias conflictivas, se podría sostener que, desde 2005, la mayoría de de las tratativas entre sindicatos y empresarios fueron disputadas pero pacíficas. 

A continuación, trazaremos una descripcón de la coyuntura bajo la cual se desarrollará  el proceso negocial  a efectos de fijar salarios convencionales para 2012.

LA SITUACION POLITICA 

Las elecciones presidenciales arrojaron un resultado contundente a favor del Frente para la Victoria,; ello derivado, en gran medida, al respaldo popular a la Presidenta Cristina Fernández al punto de colocarla en el vértice mas elevado del poder político en la Argentina. 

La apabullante victoria surgida de las urnas, sumada al estilo de conducción presidencial, potencian su liderazgo personalista y favorecen la concentración en la toma de decisiones.  Esta tendencia es mayor, incluso, que en vida de Néstor. 

No se visualizan cambios en la mecánica de relacionamiento de la Presidenta con los actores políticos y sociales. Durante el escaso tiempo transcurrido desde octubre a la fecha, se percibe una continuidad   -y hasta quizás una profundización-   de las inclinaciones confrontativas que caracterizaron el desenvolvimiento de su marido.

En efecto, los primeros escarceos de su segundo mandato ratifican que el Gobierno debe nutrirse en el enfrentamiento con uno o varios adversarios; a diferencia de los inicios del kirchnerismo, ya no alcanza con los represores de los setenta o los curas reaccionarios. La militancia requiere contrapartes más verosímiles.  

Al parecer, el contendiente de turno será: “el poder corporativo”. Bajo este rótulo, un tanto difuso y próximo a la consigna, se engloban sectores a los cuales el gobierno adjudica diversos grados de “adversidad”, a saber: en un sitial de privilegio los grandes medios de prensa; en un segundo plano, algunas multinacionales un tanto remisas para acatar los mandobles de Supermoreno; el sector financiero sospechado de alentar la fuga de capitales; las entidades agropecuarias todavía empeñadas en bajar las retenciones; y completa la lista un visitante inesperado: el Secretario General de la C.G.T., Hugo Moyano así como los gremios que responden a su conducción. 

Nos apresuramos a aclarar que el Gobierno no prodiga a este conglomerado corporativo un trato abiertamente agresivo, excepto, naturalmente, al “monopolio mediático” y a la “tribuna de doctrina”.  Empero, a los restantes les “marca la cancha” de manera constante. 

Sin opositores políticos a la vista, con mayoría en el Congreso, y una judicatura comprensiva, el Gobierno, encarnado en la figura presidencial, proyecta la imagen de una aplanadora sin vallas que la frenen. 

Es real que la intervención quirúrgica que se practicó a Cristina a comienzos de año, abrió una impasse fruto de las dudas sobre el tiempo que insumirá su plena recuperación.

Sin embargo, es dable conjeturar que, a fines de enero, con la vuelta de la Presidenta a su actividad habitual, se recompondrá el escenario previo a la operación.

EL CONTEXTO ECONOMICO 

La fortaleza que exhibe el Gobierno en el campo político no se replica en el terreno económico. 

Haciendo abstracción de la crisis económica mundial y sus eventuales coletazos sobre nuestro país, hay indicadores que generan incertidumbre.

Se mencionan brevemente: 

1. El 2011 finalizó con un corralito cambiario, regenteado por la AFIP, como medida extrema para frenar la fuga de los ahorros hacia el dólar.  Al parecer las apetencias por la divisa no eran privativas de grandes especuladores, sino mayoritariamente de pequeños y medianos ahorristas (se calcula que un 60% de la demanda provenía de este sector).

2. Se evaporaron los superávits gemelos; por el contrario, existe deficit tanto en lo fiscal como en el ámbito del comercio exterior.

3. Los industriales ven con preocupación la apreciación del peso (para algunos consultores se volvió a un tipo de cambio real “1 a 1” como en los tiempos, afortunadamente lejanos, de Carlitos y el Mingo).  Ante este fenómeno, el gobierno traba las importaciones para evitar una devaluación, pero ello   -más allá de potenciales controversias con nuestro principal comprador, el aventajado Brasil-   no evita que crezca el costo laboral en dólares. 

4. La reducción de subsidios a los servicios públicos es una medida, en principio, atinada. La iniciativa oficial debía adoptarse en algún momento; sin embargo, su implementación es confusa en tanto los abultados incrementos se anuncian selectivos para no afectar a los grupos mas vulnerables, pero aún no están claros los criterios y mecanismos para lograr este objetivo. En cualquier caso, las franjas medias sentirán el impacto.

 

En resumidas cuentas, es previsible un incremento del costo de vida, extremo que complica al Gobierno empeñado en frenar el proceso inflacionario en alza.

EL FRENTE GREMIAL 

Existe un inocultable realineamiento en el sector sindical.

Tres elementos gravitan sobre las posiciones que adoptarán los gremios de cara a la paritaria. 

1. Es firme intención del Gobierno que los aumentos que se pacten no superen los  indices de inflación (nos referimos, claro, a los auténticos y no a las acuarelas del INDEC).  En esta dirección, se insiste en una pauta anual del 18% con incrementos paulatinos.  Ello descoloca a la dirigencia sindical que infiere que los salarios convencionales sufrirán un recorte con el consiguiente disgusto de sus representados.   

2. La suspensión o “freezado” del vínculo de Moyano con el Gobierno ( o al menos la clausura de la línea directa con la Presidenta), circunstancia que induce reposicionamientos. Prueba de ello, son los plácemes de Barrionuevo a Moyano   -hasta ayer su enemigo declarado-  luego de las duras frases que el último dedicó al Gobierno en el acto realizado en la cancha de Huracán.  Inversamente, algunos contertulios habituales de Moyano  -pertenecientes a sindicatos chicos-   están inquietos por las consecuencias de una pelea frontal entre el camionero y el Gobierno. 

3. A su turno, el sindicalismo alternativo atraviesa una fractura tan inconcebible como inoportuna al perder gravitación en una encrucijada que pudo consolidarlo como opción válida.  El sector de Miceli sale con los tapones de punta cuestionando el Decreto 324/11 (su artículo octavo estipula que los conceptos de todo tipo no comprendidos regularmente en los sueldos del personal de revista en la administración centralizada deberán adecuarse a los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda) el cual presagia supresiones o reducciones de adicionales en ciertas reparticiones estatales. ATE contragolpeó reclamando un 30% de incremento salarial; incluso, el propio Miceli  -en aras de presionar al gobierno y restar espacio político a sus rivales en la interna de la CTA-  se permite un coqueteo con Moyano.  La línea que se referencia en Yasky (hasta el presente judicialmente legitimada) hace malabares para no quedar desubicada frente a sus pares y, al mismo tiempo, mantener su apoyo al gobierno.

 
 
 

VARIANTES COMPLEJAS 

A partir de las reflexiones formuladas, el escenario negocial presenta estas características: 

1. Una fuerte impronta del poder presidencial, lo cual no es poco a la hora de inclinar la balanza. 

2. Un sindicalismo imposibilitado de unificar personería para posicionarse frente al Gobierno y los empresarios. Desconcertado entre continuar apoyando el “modelo” o dar batalla por las necesidades objetivas de sus bases. 

3. Un empresariado circunstancialmente más cohesionado con expectativas (acentuadas en el sector industrial) de transitar una entente cordiale con el gobierno. 

4. Un marco donde priman: la imperiosa necesidad de estabilizar los precios, disipar temores devaluatorios, reducir el deficit fiscal, y sostener en lo posible el nivel de actividad de las empresas. 

 

Frente a este cuadro de situación, hay variadas posturas. 

1.- Los gremios poderosos de estructura tradicional aunque instalados en distintos espacios político-sindicales (camioneros, gastronómicos, peones rurales, lucifuercistas, etc), proclaman que no consentirán condicionamientos o “techos”, y están pautando sus futuros pedidos en porcentuales que van del 25% al 30%. 

2.- Desde la CTA, su secretario adjunto, Pedro Wasiejko, propuso acuerdos salariales por dos años, arrancando con un aumento moderado pero ajustados periódicamente a través de una cláusula gatillo referenciada en el indice de precios al consumidor elaborado por un conjunto de provincias.

La idea de este sector, afín al gobierno, sería evitar el impacto psicológico negativo que tendría en la opinión pública que se pactaran elevados porcentuales de incremento, posible alimento de la espiral inflacionaria. 

3.- Considerar la situación relativa de cada segmento de la actividad económica.

Existe una norma no escrita en la negociación colectiva local, la cual impone concertar incrementos porcentuales, más o menos, uniformes con prescindencia de la bonanza o dificultad que atraviese el sector de que se trate.

Esta costumbre pudo generarse como consecuencia de una larga historia de ingerencia estatal fijando los aumentos salariales por decreto.

Actualmente hay disparidades remuneratorias importantes según la rama de actividad que se tome.

A modo de ejemplo: un oficial primero de maestranza tiene un básico convencional de $2327, en tanto que para un auxiliar bancario es de $4.607.

Si consideramos las remuneraciones globales promedio (incluyendo antigüedad, adicionales, premios, etc), la brecha se ensancha.

Según el INDEC, el salario promedio de un petrolero es de $15.000, para un empleado estatal de $8000, pero para un peón de cocina gastronómico de $2900.

Los guarismos precedentes están referidos al segundo trimestre de 2011.

Habría que reflexionar sobre estas asimetrías, así como la porfía sindical de mantenerlas a rajatabla.  En momentos en que vuelve a insinuarse el flagelo inflacionario, quizás los incrementos paritarios debieran proporcionarse priorizando a los más rezagados en esta empinada pirámide salarial. 

4.- Vinculado al punto anterior, cabe señalar que el gobierno guarda en la manga dos comodines para lubricar una negociación conforme a su propósito moderador.

Uno de ellos es el tope mínimo para el impuesto a las ganancias, el cual está  completamente desactualizado ($8000 para un trabajador casado con dos hijos, y $6000 para un soltero sin hijos), y rebana una porción no menor de las remuneraciones en los sectores mejor posicionados.

Los gremios vienen reclamando su directa eliminación o, cuando menos, una elevación sustancial de su importe.

La otra carta es el tope máximo para el devengamiento de las asignaciones familiares ($5.800), el cual una vez superado priva al trabajador de las mismas. Aquí se verifica una paradoja; en efecto, un trabajador con cargas de familia cuyo ganancial exceda dicho tope se lleva en el bolsillo menos dinero que un compañero sin hijos con menores gastos.

Bajo la hipótesis de aumentos diferenciados por rama de actividad, la adecuación de los topes antes referidos atenuaría el eventual achatamiento de los niveles salariales de cada una de ellas. 

En definitiva, como puede colegirse de este módico análisis, las dificultades  para la negociación en ciernes son un dato objetivo y no un invento periodístico.