Fabián Bergenfeld, en Construcción Plural

Diálogo con Fabián Bergenfeld, titular de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana:

“Néstor Kirchner busca perpetuarse en el Gobierno a fin de no perder todo lo ganado y evitar que las acciones penales que van avanzando lleguen a un final gravísimo, tanto para él como para la presidenta. Los Kirchner están tras una fachada que sólo procura disimular una realidad que los empezó a golpear muy duramente con el rechazo a la Resolución 125 y contundentemente con el último resultado electoral“.

“Como se hace con la Ley de Medios, bajo el rótulo que se trata de leyes de la dictadura, entonces habría que anular numerosísimas leyes dictadas durante gobiernos militares que han sido más que saludables, como las reformas a la ley de matrimonio civil, los derechos a la mujer que a partir de la ley 17711 que se han acentuado…evidentemente se rotula, se califica, para justificar la sobreactuación en materia de derechos humanos, que sólo por otro lado refiere a los derechos de la izquierda, en una mirada parcial”.

“Los dos ejes de este gobierno son el pan y el circo. El circo por esta sobreactuación en derechos humanos, y el pan deriva de la mayor pobreza. Cuantos más pobres haya, más pan pueden seguir entregado y más votos puede conseguir. El clientelismo político es la base primordial de este gobierno y no les interesa resolver la pobreza, la indigencia, la inseguridad, sino que aspiran que haya un 85%-90 de población pobre y un 15-10% de población adinerada que a través de sus impuestos sostenga a esa población empobrecida y ahí el gran negocio de este gobierno”.

“La nueva ley de Medios preocupa desde el plano constitucional y jurídico. El primer aspecto crucial que vemos con estupor que el artículo 32 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente que el Congreso federal dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Eso dice por esa época, pero habría que leer hoy la libertad de los medios audiovisuales de comunicación. Esta ley colisiona en forma flagrante con este art. 32, porque deberían ser las legislaturas provinciales las que legislen sobre la libertad de prensa. Esta ley tiende a acaparar a la opinión pública limitándola en sui derecho a la información”.

“Y el segundo derecho es la violación de derechos adquiridos, inculcado es aquel que tienen todos aquellos medios periodísticos - grandes, medianos y chicos- que han invertido una vez obtenida la concesión de licencias por una determinada cantidad de años, y a los que ahora se quiere obligar a desprenderse de sus licencias implica graves pérdidas que van a ser reclamadas al Estado nacional y por ende a todos los contribuyentes. Todos vamos a terminar pagando las indemnizaciones como también tenemos que pagarle a T y C por haber violado el contrato del fútbol”.

“Por último, la letra misma de la ley que en su artículo 32 prevé que la autoridad de aplicación -conformada mayoritariamente por miembros del gobierno, diputados oficialistas- será quien otorgue licencias en jurisdicciones o pueblos q no superen una cantidad muy baja de habitantes y que no tenga una onda de llegada a la audiencia mayor a los 50 kms. Esto implica que la autoridad de aplicación sólo va a otorgar licencias a medios muy chicos dentro de ciudades chicas. En tanto, en las grandes urbes van a estar absolutamente controladas por el Gobierno porque va a ser el Poder Ejecutivo quien va a otorgar allí licencias. De este modo, el monopolio que está supuestamente tratando de combatirse, va a pasar a ser un monopolio gigantesco en manos del Gobierno al mejor estilo Venezuela, violando todos los derechos a la libertad de prensa y a la libertad de información”.

“La despenalización de los delitos de calumnias e injurias del Código Penal en este momento es una medida demagógica e inaceptable y absurda desde cualquier lado que se la analice. El delito de calumnias e injurias trata de prever límites al ejercicio de la libertad de prensa y defender los derechos personalísimos al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas. En la medida en que ese derecho personalísimo -al honor, fundamentalmente- no sea resguardado vamos a tener disparadores del periodismo diciendo barbaridades, injuriando, calumniando permanentemente, porque en definitiva si hay sólo una sanción civil, ésta va a ser indemnizatoria y la va a pagar exclusivamente el medio de comunicación, no la paga el difamante de su bolsillo y tampoco éste va a tener una condena penal. De modo tal que este proyecto es una barbaridad que la presidenta sacó en este momento para congraciarse con algunos periodistas de cara al debate por la Ley de Medios”.