El Estado debe tener mayor intervención social y menor intervención económica

Por Pedro Andrieu

Profesor titular consulto de la UBA / ex secretario de Estado / ex consultor de organismos multilaterales.




El último reporte del centro de estudios IDESA indica que se podría eliminar la pobreza suprimiendo subsidios a compañías privadas a partir de que el Estado invierte en estas erogaciones más de $35.000 millones.

En este sentido, considero imperiosa la necesidad de compensar la pobreza y la indigencia, así como de tener en cuenta las consecuencias fiscales, económicas y sociales al hacerlo. Esto implica expandir ampliamente el gasto social del Estado y al mismo tiempo disminuir claramente el gasto económico: inversión pública, subsidios de todo tipo (gasto tributario incluído: supresión de exenciones e incentivos fiscales, promoción industrial, diferimientos impositivos, etc...) O sea, avanzar en dirección a un Estado tipo sueco: mucha más intervención social, mucha menos intervención económica, y decir adiós al desarrollismo basado en la acción del Estado, en sentido amplio.

Sin duda seria posible, y soy partidario de implementar los subsidios de inmediato, antes que la situación se deteriore aún más y la inestabilidad social represente un factor adverso más para la inversión y consecuentemente, para el crecimiento de la economía y el empleo.

También sería saludable la supresión de los subsidios a las empresas, que sólo benefician a los sectores de ingresos medios y altos de la sociedad, aunque al mismo tiempo es necesario poner atención y tener cuidado al menos con algunos aspectos muy delicados, y no sencillos de manejar:


1) la supresión de los subsidios no puede sino ser gradual y progresiva, ya que de otro modo generaría una amplia reacción contraria de los sectores afectados por los reajustes de tarifas;

2) los ajustes de tarifas tendrían un impacto significativo sobre cualquier nivel de precios al consumidor que refleje al menos medianamente la realidad;

3) se hace impostergable un ajuste elevando las jubilaciones y pensiones hasta alcanzar, como mínimo, la línea de pobreza real. Hoy, con toda seguridad, el 80% de estos beneficiarios está por debajo de esa línea. De esta manera, jubilados y pensionados se volcarían con impacto inmediato sobre la demanda de bienes de consumo primario, por lo que si no se previeran programas de apoyo de efecto muy rápido, derivarían aún mas presiones inflacionarias;

4) el establecimiento de los subsidios en materia social y el aumento de las jubilaciones hasta alcanzar como mínimo, en ambos casos, la línea de la pobreza, en forma inmediata, mientras se bajan los subsidios a las empresas, y como contrapartida, una suba de las tarifas, sólo podría implementarse gradualmente, a fin de evitar generar un agujero fiscal considerable;

5) en principio, la reducción hasta la virtual supresión de la inversión pública aparecería casi como la única herramienta compensatoria a mano;


6) podría argumentarse que el alza de las tarifas relevaría al Estado de la necesidad de financiar la construcción de usinas eléctricas, y en las autopistas podría implementarse un enfoque como el que en su momento planteó el Ing. Guillermo Laura, el Plan 10.


De todos modos, una operación económica, financiera y social de esta magnitud e impacto, requiere un muy fino timing, es decir, un manejo muy sofisticado y prolijo basado en un muy buen aparato de seguimiento de los impactos y diagnóstico temprano de los problemas. Todo lo cual parecería estar a años luz de la capacidad de análisis -técnica, política y operativa- del Estado y del actual gobierno.


En esta delicadísima línea, la conducción y la dirigencia política, económica y social del país debe buscar y lograr el mayor equilibrio... es decir no caerse, porque sino, nos caernos todos, del tenso cable que debe recorrer el equilibrista.