Dilma se la juega

Por Raúl Ochoa
Especialista en Comercio Exterior /
Director de Ecosur Consultores


“No estamos liquidando patrimonio púbico para acumular caja o reducir deuda; estamos asociándonos con los privados para ampliar la infraestructura del país, para beneficio de su población, para saldar una deuda de décadas de atraso en inversiones en logística” decía Dilma Rousseff en la presentación en el Palacio de Planalto del programa de inversiones por 133 MM de reales, de los cuales 80 MM serán desembolsados en los próximos cinco años.

Todas las obras incluidas dentro del Plan a cargo del sector privado son proyectos que forman parte del PAC – Programa para la Aceleración del Crecimiento – anunciados en el primer mandato de Lula, que nunca salieron del papel y una parte sustancial debían haber finalizado entre el 2010/2011. No se trata por lo tanto – como la mayoría de los periodistas ha remarcado – de nuevas obras, sino de llevarlas a cabo, a través de la decisiva participación privada, rompiendo de esta manera Dilma con otro antiguo mito del PT sobre el papel del Estado en la inversión, acercándose a posiciones definidas por su adversario político el PSDB de F.H. Cardoso y Serra.

Las obras incluidas en las “parcerías con el sector privado” son vitales para recuperar parte de la competitividad perdida por la economía brasileña e incluyen la ampliación y modernización de vías férreas para el transporte de cargas por 10.000 kms sobre un total de los actuales 28.000 en funcionamiento y 7.500 kms de carreteras transferidas por sistema de peaje al sector privado, que en todos los casos implica ampliaciones de manos y la obligación por parte de los concesionarios de haber concluido al menos el 10 % del total de las obras para comenzar a percibir el peaje acordado. También en este caso, el mayor tráfico corresponde a transporte de cargas.

Dada la magnitud de las obras y el largo período previsto para la recuperación de las inversiones, el BNDES financiará al que resulte ganador en cada licitación de las carreteras hasta el 65 % de la inversión hasta 20 años, con una tasa de interés del 6,5 % (TJLP+1,5) y 3 años sin amortización; en cuanto a ferrocarriles serán créditos hasta 25 años, con 5 años libres de amortización, siendo el resto de las condiciones similares.
Dado el fracaso de los organismos públicos para evaluar y definir proyectos, Dilma en otra muestra de su pragmatismo, recrea un nuevo órgano la Empresa de Planeamiento y Logística (EPL) que tendrá a su cargo no sólo los estudios y planeamiento de rutas y ferrovías, sino también de los puertos y aeropuertos (la segunda ola de concesiones de obras que se avecina) que repite la figura del GEIPOT creada en la época militar y que tuviera un papel destacadísimo en el desarrollo brasileño de las décadas del 60 a 80 del siglo pasado.

De los anuncios ninguno tuvo mayor simbolismo que la inclusión entre las obras a realizar mediante concesiones que FERROANEL de San Pablo, ya que estaba prevista como obra pública desde el lanzamiento del PAC y para ser concluida en el año 2010. El proyecto soportó innumerables atrasos y nunca pudo concretarse; ahora se encuentra entre las prioritarias, ya que se trata del mayor cuello de botella de todo el sistema ferroviario, ya que los transportes con cargas deben esperar horas y días hasta que quedan espacios para ingresar después de atender al transporte de pasajeros que llegan por el mismo centro.

La importancia de la decisión presidencial tiene que medirse con respecto a la definición de sus prioridades, ya que simultáneamente su gobierno enfrenta una de las huelgas y paros de los empleados públicos nacionales más extensas de los últimos años. Quienes encabezan las protestas son la CUT, brazo sindical del PT, y Dilma ha sostenido que cumplirá con su objetivo: congelamiento salarial por dos años -2011/2012 – señalando - que en promedio - los servidores públicos ganan el doble que por la misma función en el sector privado y que a su vez gozan de un régimen previsional privilegiado, incompatible con las necesidades de modernización de la sociedad brasileña(1).
El programa de participación privada en infraestructura es ambicioso y se verá para mediados del 2013 cuando las adjudicaciones de las licitaciones se hayan efectuado, el impacto real sobre la inversión y el empleo, pero lo cierto es que las decisiones adoptadas por la presidente Dilma implican un indispensable cambio de rumbo, frente a la imposibilidad de encarar exclusivamente con inversión pública el enorme esfuerzo de transformación que requiere la economía y la sociedad brasileña, para achicar la brecha de competitividad que ubica al Brasil como país en el puesto 53 a nivel mundial, a pesar de ser el séptimo por PBI total(2).

(1) De las erogaciones del Estado Federal el sistema jubilatorio se lleva algo más del 50 %. Los salarios del sector público federal aumentaron muy por encima de la inflación desde el 2003 primer mandato de Lula.

(2) World Economic Forum – Global Competitiveness Index – 2011/12