Denuncia penal contra funcionarios de la CABA

Por el Ing. Edgardo Carranza
Miembro de ADEPAUT - Asoc.de Defensa del Pasajero y Usuario de Transporte

He comenzado a tramitar una una denuncia penal ante la Justicia
(Juzgado Correccional Nº 13) referida a los siguientes funcionarios
que se desempeñaron / desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:

1.       Actuario Néstor GRINDETTI, el anterior Ministro de Hacienda
de la CABA y hoy Intendente de Lanús.
2.       Contador Martín MURA, el actual ministro de Hacienda de la CABA,
3.       Lic. Horacio RODRIGUEZ LARRETA, el anterior Jefe de Gabinete
de la Jefatura de Gobierno de la CABA y hoy Jefe de Gobierno de la
CABA,
4.       Diego SANTILLI, el anterior ministro de Ambiente y Espacio
Público y hoy Vice Jefe de Gobierno y Presidente de la Legislatura de
la CABA,
5.       Arq. Daniel CHAIN, el anterior Ministro de Desarrollo Urbano
de la CABA y hoy actual Secretario de Obras Públicas de la Nación,
6.       Arq. Héctor LOSTRI, el anterior Secretario de Planeamiento
Urbano de la CABA y hoy Secretario para la Defensa de la Nación,
7.       Ing. Francisco CABRERA, el anterior Ministro de Desarrollo
Económico de la CABA, hoy. Ministro de la Producción de la Nación.

Todos ellos estarían alcanzados por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD
e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, debido a que
el Ministro de Hacienda de ese momento, Néstor GRINDETTI (AUTORIDAD DE
APLICACIÓN DE LA LEY), nunca reglamentó la Ley 4.791 de INICIATIVAS
PUBLICO PRIVADA.

Tampoco lo ha hecho su sucesor el ministro Martín MURA; y estando
VIGENTE la LEY, todos los funcionarios mencionados habrían formado
parte de una maniobra ilícita para (tras asegurarse el gobierno de la
Ciudad el PRO, en las elecciones en las que Horacio RODRIGUEZ LARRETA
por ajustado margen venció al opositor Martín LOUSTEAU), impulsar un
polémico proyecto de creación de la SOCIEDAD DEL ESTADO “CORPORACIÓN
METROPOLITANA SE”, posteriormente rebautizada “AGENCIA DE BIENES”, con
la finalidad opuesta a la Ley vigente, esto es, disponer la venta de
predios del dominio privado de la CABA a Desarrolladores
Inmobiliarios, contra los claros mecanismos establecidos en la Ley
CABA 4.791 y evadiendo los controles allí establecidos.