Crónica de un asesino anunciado

El martes último el cabo primero José Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua, más la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, por el asesinato del profesor de química Carlos Fuentealba, en el marco de una manifestación de protesta social en abril del año pasado en Neuquén.

Más allá de que merece subrayarse cierta celeridad en el veredicto si tenemos en cuenta los extensos tiempos en los que suele fallar la Justicia argentina, lo sintomático de la falta de consistencia de las instituciones en nuestro país lo revela el hecho de que Poblete poseía un historial previo de abusos cometidos en su condición de policía, lo que de haberse manejado como correspondía hubiera evitado que el cabo primero estuviera en funciones en abril de 2007.

En 1997, Poblete había sido condenado a un año de prisión en suspenso e inhabilitación por dos años -a raíz de un caso de apremios ilegales-, posteriormente una ex compañera en las filas policiales lo acusó de agresiones -sin que el caso llegara a la Justicia- y finalmente en 2006 recibió una condena por "vejaciones agravadas" a presos dos años de prisión efectiva.

A ello cabría sumarle una denuncia de su esposa por amenazas en 1999.

Como decía el colega Jorge Guinzburg en su columna dominical en Clarín allí en abril de 2007, "cuando alguien así aún no fue exonerado de la fuerza y se le permite portar un arma, ¿se puede hablar de error policial, es simple incapacidad o desde el gobernador para abajo, todos los que se lo permitieron son cómplices del crimen?"

Desde este pequeño espacio, consideramos que cuando las alarmas existen, el problema reside sencillamente en hacer oídos sordos a ellas. La orfandad de un saludable funcionamiento de las instituiciones es otro demérito desde hace mucho tiempo en la Argentina.