Perón y la huelga

Por Eduardo Zamorano



Abogado
Columnista de Construcción Plural, el programa de Fernando Mauri.



La Presidenta Cristina Kirchner, en oportunidad de asumir su segundo mandato, durante su mensaje al Congreso, hizo un señalamiento sobre el ex presidente Perón que causó irritación en ciertos sectores tradicionalmente ligados al Movimiento, así como en personas, notables o comunes, admiradoras del célebre caudillo.


Palabra más o menos, Cristina expresó que en la Constitución Peronista de 1949 no figuraba el Derecho de Huelga, y que durante las administraciones kirchneristas se lo había garantizado como nunca antes en nuestro país; aún tolerando medidas extorsivas o chantajistas.


Las reacciones no se hicieron esperar:


El Diputado Victor De Gennaro cuestionó que la Presidenta “no conocía la historia del peronismo”; en ese sentido, sostuvo que el derecho de huelga no fue incorporado a aquella Constitución porque se trata de “un derecho natural” (SIC), siendo redundante plasmarlo por escrito.


La Nación del 11/11.






El filósofo José Pablo Feinmann (Pagina 12 del 11/12) enarboló una curiosa teoría. Expresó que la ausencia del Derecho de Huelga en el instrumento del 49 quedaba “compensada” con la inclusión de numerosas cláusulas progresistas tales como: la propiedad social, la nacionalización inalienable de las riquezas minerales, los derechos del niño y el anciano, etc.


Tensando la lógica que campea en el razonamiento de Feinmann, puede arribarse a corolarios absurdos. Por ejemplo sería admisible una Constitución que, en uno de sus artículos, impusiera como deber fundamental del Estado garantizar la subsistencia digna de todos sus habitantes, mientras que en otro estableciera la pena de muerte. Con todo respeto por la opinión de un experto en Kant, Spinoza, y Hegel, su argumento no luce sensato.


El periodista Osvaldo Pepe califica de equivocada la alusión presidencial y memora que el inspirador y principal redactor de la Constitución del 49, el jurista Arturo Sampay, justificó la omisión del derecho de huelga porque como “derecho natural” de las personas resultaba deslucido enmarcarlo en el derecho positivo. Clarin del 12/12.

También con ánimo de réplica -aunque buscando otro enfoque del asunto- el sindicalista Juan Carlos Schmid por radio Mitre dijo:


“No sé quién la habrá asesorado a la presidenta. Hubo muchas huelgas durante los gobiernos peronistas. No solamente de los ferroviarios, marítimos y gran cantidad de conflictos que se dieron, y estaba Perón".



Frente a estos cuestionamientos, es oportuno repasar las posiciones de Perón en relación a la huelga con el objetivo de conjeturar si su exclusión del texto constitucional del 49 respondía a su valoración como derecho superior o a la cautela por ser eventual fuente de problemas.

Los lectores conocen que el peronismo emergió de una revolución militar que derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo en 1943.

Dentro del grupo de oficiales que orientaba el proceso revolucionario, Perón era su figura más brillante. Empero, a la hora de elegir un cargo, optó por el, hasta ese entonces, oscuro Departamento de Relaciones del Trabajo.


Desde ese ámbito tejió el vínculo con los sindicatos que fue uno de los pilares de su poder político.

Para esa época, los gremios eran predominantemente socialistas o comunistas. En la disputa por sus reivindicaciones no escatimaban las medidas de acción directa.


Perón se lanzó a otorgarles amplias mejoras en las condiciones de trabajo así como también a imponer y vigilar el cumplimiento de varias leyes protectoras que los patrones pasaban por alto.

Empero, simultáneamente con esta política social progresista, estipuló límites precisos a las medidas de fuerza.


Así, los Decretos 15.074/43 y 21.877/44 orientados a jerarquizar con rango de Ministerio a la ignota oficina laboral, contemplaban que esa Autoridad podía declarar la ilegalidad de las huelgas realizadas sin su previa intervención. Va de suyo que la declaración de ilegalidad del paro abría la puerta a los despidos patronales.


Es cierto lo expresado por el trabajador naval Schmid en orden a que durante el primer peronismo hubo conflictos y paros. Lo que no dice el gremialista es que el Gobierno los ilegalizaba con llamativa presteza.


La primera huelga de proporciones -con Perón ya ocupando el sitial presidencial- fue protagonizada por el gremio de la carne. Vaya paradoja, en tanto el líder de ese sindicato era Cipriano Reyes, uno de los hacedores prácticos del “17 de octubre de 1945”.


El paro se declaró ilegal y esa circunstancia marcó un serio distanciamiento entre Perón y Reyes; en especial cuando el último pretendió autonomizar su “Partido Laborista” del conjunto del Movimiento.



Un dato de color: el matutino oficialista Pagina 12 (13/12/11), en nota firmada por Nicolás Llantos explicita que Hugo Moyano “podría renunciar a sus cargos en el PJ (hoy día es vicepresidente segundo del PJ nacional, y presidente del bonaerense) para armar un nuevo partido, el Laborista, enfocado a dar una salida política a dirigentes sindicales.”


A veces, salvando distancias, la historia nos sorprende con estas similitudes.



Retomando el relato, con posterioridad a la vigencia de la Constitución del 49, estalló el mayor conflicto sindical que sufrió el primer peronismo: la huelga ferroviaria.


Perón replicó con inusual dureza: dispuso la movilización militar del personal en paro, de tal forma que quiénes continuaran plegados al mismo sería juzgados por tribunales militares.
Evita, ya enferma (aludimos a enero de 1951), apoyó a su marido recorriendo, incansable, estaciones y talleres con exhortaciones a los obreros a cesar la medida de fuerza.


Veamos ahora cuál fue el temperamento sobre las huelgas del “General Herbívoro” que retornó a la Patria, cubierto de gloria, en 1973.


Fiel a los principios de “LA COMUNIDAD ORGANIZADA”, el líder auspició con énfasis el congelamiento del conflicto bajo la forma de un pacto social entre las organizaciones de cúpula sindicales y empresariales.
 La intención era buena, pero una parte de la sociedad argentina -en especial los sectores juveniles peronistas- desbordaba de ansiedad por consumar una transformación radical del país.
Sus tiempos no coincidían con los de Perón. El Pacto naufragó y la pulseada distributiva adquirió perfiles de inusitada violencia.


Ya antes de morir, Perón había otorgado su visto bueno a la que luego fue la ley 20.840, llamada “de Seguridad Nacional” (septiembre de 1974).


Esta norma estaba enderezada a combatir la insurgencia de diferentes grupos que desarrollaban acciones armadas, pero también contenía un artículo orientado a las huelgas. En efecto, el artículo 5to decía:


“Se impondrá presión de uno a tres años a los que luego de declarado ilegal un conflicto laboral por la autoridad competente, instiguen a incumplir las obligaciones impuestas por dicha decisión”.

Como el lector apreciará de esta sintética recopilación de antecedentes, tal como insinuó la Presidenta, Perón no era un entusiasta del derecho de huelga.


Ello no desmerece su proyección histórica y los logros objetivos de su gestión, tanto en los notables avances en materia social como en la incorporación a la política del sector más humilde de la población.