Lo que no dijo el secretario

Por Claudio Lozano - Diputado nacional

Desde la legitimidad, construida por su intervención sobre el INDEC, y sosteniendo que las causas de una inflación que ubica en el 9,8% anual han desaparecido, Guillermo Moreno estuvo en el Congreso defendiendo la famosa resolución 125. Afirmó, lo cual es absolutamente compartible, que las retenciones son un mecanismo que sirve para desacoplar los precios internos de los internacionales. Lo que no explicó, ya que su explicitación mentirosa de la inflación se lo impide, es por qué razón durante 2007, aun con retenciones, los precios de los alimentos crecieron un 34%.

La cuestión es clara. En el dispositivo Moreno (dispositivo cuestionado por el conflicto agropecuario), la estrategia ha sido pisar el precio de las materias primas (vía retenciones) para luego, con subsidios o regulaciones, terminar beneficiando a los principales frigoríficos, a los molineros, a los exportadores, a la industria de la alimentación, o a los hipermercados. Regulación que por ende termina postergando al productor y al consumidor, y que a su vez se invierte para el resto de la economía. Así, en lugar de disciplinar el precio de insumos tales como petróleo (Repsol), chapa-acero (Techint), cemento (Camargo Correa), aluminio (Aluar), químicos, etcétera, lo que se hace es validar su poder oligopólico para ajustar las clavijas en el resto de la cadena.

En síntesis, Moreno no se equivoca nunca: en lugar de promover una intervención regulatoria ligada a la equidad, lo que en la práctica hace es promover la concentración. Pero olvidando estas cuestiones menores, cabe destacar que el secretario Moreno reconoció en el Parlamento que las retenciones eran excesivas y que por lo tanto las compensaciones eran imprescindibles. Cuestión no menor ya que las compensaciones diferenciando a pequeños y medianos productores no eran parte del planteo original del Ejecutivo, sino que son el resultado del conflicto que promovió “la oligarquía”. Lo que no dijo el secretario es que pese a la importancia de las compensaciones, aún subsiste la resolución 21/2008 del Ejecutivo que establece que si bien al productor le van a cobrar la retención al precio FOB, luego al compensarlo lo harán a un precio inferior denominado FAS. Por ende, en el esquema de equidad de Moreno los pequeños y medianos productores en lugar de terminar teniendo retenciones efectivas (tal cual dice el proyecto que tiene media sanción de Diputados) de entre el 30 y el 35%, pagarán entre el 38% y el 41%. En suma, las retenciones iniciales que paga el productor quedan tal cual mientras las compensaciones casi no existen.

Por último, Moreno se ocupó de señalar que las cifras de las consultoras privadas que evidencian inflación deben evaluarse según quién les paga. Acertada observación, ya que es cierto que al desaparecer el Estado como expresión de lo público en materia de información (gracias al propio Gobierno), se le abre la puerta al proceso de privatización en dicha materia. Quizás valga la pena acotar en este punto que el debate parlamentario nos permitió demostrar que pese a que el oficialismo y la oposición siguen hablando de ratificar o suspender la resolución 125, la cuestión de fondo es que el proceso que desemboca en la resolución oficial encubre un negociado (en el que participan funcionarios gubernamentales) por unos u$s 1.200 millones, en favor de las multinacionales cerealeras (Gral. Deheza, Cargill, Vicentin, Bunge, etc.). Siendo esto así, ¿quién le paga a Moreno?