Los recortes que matan, parte II

 Por Daniel Kiper

La muerte, esa visitante silenciosa que en la Argentina suele llegar sin pedir permiso, esta vez se vistió de fentanilo. No fueron muertes súbitas del azar ni tragedias inevitables de la naturaleza: fueron muertes anunciadas. Anunciadas, advertidas y, sin embargo, ignoradas. Lo que empezó como una serie de casos aislados se transformó en una desgracia colectiva que, hasta donde las cuentas públicas alcanzan, suma cerca de noventa cuerpos y una legión de interrogantes. Las cifras varían según actualización y fuente; la última crónica oficial las ubica en las ochenta y tantas víctimas, pero todas comparten el mismo denominador: la tragedia pudo haberse evitado. A fines del año pasado, las inspecciones técnicas detectaron irregularidades graves en la producción de un medicamento que exige pureza y control absoluto. En mayo, la ANMAT emitió una alerta pública y luego inhibió la actividad del laboratorio, pero para entonces el veneno ya había circulado. Ese mensaje técnico, como tantos en este país de sordos voluntarios, se perdió entre el viento de la burocracia o, peor aún, en el laberinto de intereses inconfesables. Ni el Ministerio de Salud, mutilado por recortes y despojado de autoridad, ni el propio Presidente de la Nación —que ayer volvió a hablar— movieron un dedo para clausurar el laboratorio y secuestrar de inmediato los lotes que hoy están en el centro del espanto. Prefirieron señalar con el dedo acusador antes que actuar con la premura que el caso impone. Porque en la Argentina de estos tiempos, los recortes en salud no son simples números en una planilla de Excel: son tijeras que cercenan guardias hospitalarias, despiden inspectores, reducen laboratorios de control y desarman a los organismos que deben proteger la vida. Y cuando se recorta en salud, no se ahorra dinero: se adelantan funerales. Lo que ha ocurrido no es un accidente. Es el fruto amargo de una política que considera que el gasto en salud es un lujo prescindible y que las advertencias técnicas son un papeleo molesto. El laboratorio siguió funcionando en condiciones inadecuadas, sin inspecciones eficaces, sin cierres preventivos, sin decomisos urgentes, y participando en licitaciones estatales como si fabricar un medicamento contaminado fuera un detalle administrativo y no un crimen contra la vida, nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros vecinos. El Presidente Milei, en su discurso, eligió las palabras propias de la “casta” que dice combatir: culpó a su antecesor y volvió a mostrarse moralmente impasible. No comunicó medidas concretas de reparación ni asistencia a los deudos, no pidió perdón, no asumió la responsabilidad, no explicó por qué un Estado que podía haber actuado a tiempo se mantuvo quieto mientras las dosis envenenadas circulaban. Prefirió deslindar culpas, como si el gobierno fuera un espectador impotente y no el principal garante de la salud pública. En un país que ha soportado pandemias, epidemias y emergencias sanitarias, el mensaje que queda es peligroso: aquí se puede recortar el Estado hasta dejarlo en los huesos, y luego culpar a la fatalidad cuando la muerte entra por las hendijas que se abrieron con esas tijeras. Así, el Estado escribe por adelantado nuestro epitafio. Las víctimas no murieron de fentanilo solamente: murieron de abandono. Murieron de un Estado reducido a su mínima expresión, de una política que llama ahorro a la omisión y eficiencia a la desprotección. Murieron en un país que hace oídos sordos a sus propios organismos técnicos, que los ignora y pretende cerrarlos. Algún día, cuando el humo de esta tragedia se disipe, la historia no recordará tanto los comunicados ni los discursos, sino la verdad desnuda: que hubo un momento en que se pudo evitar la muerte y el gobierno eligió no hacerlo. Y que, en ese instante, las tijeras del ajuste se transformaron en la guadaña del verdugo.

La macro no está ordenada

Por Hernán Neyra 

Economista & Columnista de Construcción Plural

Trascurrido año y medio largo de gestión Milei, ¿qué es lo que tenemos como balance de estos casi dos años? ¿Por qué la cosa no arranca ni parece poder arrancar?

Y allí vamos hacia el sofisma de "la macro ordenada" . No hay ninguna macro ordenada: hay desequilibrio externo, fiscal, monetario, productivo y social.

Veamos.

Hay un desequilibrio externo: se reduce el saldo del comercio exterior y tenemos déficit comercial con China, Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos récord de déficit de balanza

de turismo que se come el superávit energético (gastamos los ingresos de Vaca Muerte yendo a Disney). Sigue habiendo cepo para empresas y los dividendos no girados al exterior se

estiman en U$S7.000 millones que están esperando para salir en cuanto se libere. Y eso mismo es lo que frena nuevas inversiones que no tienen horizonte de poder girar ganancias.

Hay desequilibrio fiscal, porque hay un supuesto superávit financiero que, nos dicen, corre riesgo si las provincias reciben los fondos propios, si se aumentan los sueldos de los médicos de

un hospital, si se aumenta el monto de un bono para jubilados en $40.000 pesos. Si cualquier cosa destruye el superávit es que no hay tal superávit, sino postergación de gastos inevitables.

Y lo peor es la capitalización de los intereses que no se pagan hoy, aumentando el peso de los intereses futuros de la deuda que hoy se ignora y se capitaliza en nuevos bonos. Se bajan impuestos que no se traducen en mayor recaudación por crecimiento económico. No hay

mejoras de productividad, no hay obra pública, no hay privatizaciones que hagan prever mayores ingresos fiscales; no hay gestión ni reducción de la informalidad.

Hay desequilibrio financiero. Las tasas de interés son exorbitantes. Y mientras más altas, mayores los incentivos a la toma de ganancias en el mercado para transformarlas en dólares con precios contenidos por operaciones en el mercado de futuros que generan mayor

desequilibrio financiero. El ministro de Economía se lamenta de que no haya un mercado de capitales vigoroso cuando el presidente del Banco Central sube los encajes a niveles altísimos,

mientras la emisión de pesos es constante, reduciendo el crédito, para evitar la mayor demanda de dólares porque, si sube el tipo de cambio, no hay otras políticas antiinflacionarias.

Hay desequilibrio productivo. Desde que cierran empresas textiles, productoras de bienes de consumo, cierran quioscos, se van empresas multinacionales, no sube la inversión más que en

sectores extractivos o el agro (que tienen los salarios más bajos y los menores coeficientes de empleo de la economía). La apertura y el tipo de cambio bajo sostenido por el mismo gobierno

hacen que remplacemos producción nacional por importados, destruyendo puestos de trabajo locales, en blanco, con lo que el sistema previsional será cada vez más deficitario.

Hay desequilibrio social cuando aumenta el desempleo y la principal preocupación de la población dejó de ser la inflación para ser el nivel de precios, el miedo a perder el trabajo y la caída en la calidad de vida. La ficción de los salarios altos en dólares con dólar artificialmente bajo da por resultado que un trabajador necesite 13 años de su sueldo entero para acceder a su primera vivienda, según Reporte Inmobiliario, cuando durante la convertibilidad eran 4

años. Con la misma lógica, un alquiler de un ambiente se lleva el 75% de una jubilación mínima.

Entonces ¿dónde está la macro ordenada? Ayer el titular del Palacio de Hacienda expresó que había poco crédito en dólares…Claro: quiere más crédito mientras tienen que subir los encajes en pesos

para evitar la fuga hacia el dólar, aumentando las tasas de interés. ¿Dónde se ve la lógica de algún modelo de crecimiento? ¿Quién tomaría crédito en dólares cuando ni el propio FMI es

capaz de afirmar que la balanza de pagos es sustentable ya que el Gobierno no puede juntar reservas en dólares?

El panorama no es alentador. No hay coherencia macroeconómica ni sustentabilidad. No hay política antiinflacionaria más que el tipo de cambio bajo con apertura comercial. Y los peligros

de sostener estas políticas combinadas por mucho tiempo son la profundización de la crisis y el achicamiento de la economía. En ese caso, seguiríamos hablando de un tradicional ajuste recesivo sin ningún esfuerzo, ni siquiera, por ser creativos y pensar alguna política compensatoria. 

Esa es la crueldad de este ajuste: no hay políticas de contención más que el aumento de la Asignación Universal por Hijo.

Para revertir todas estas carencias ¿el Gobierno haría algo distinto en la segunda mitad de mandato? 

Difícilmente, por cuestiones ideológicas. Un eventual cambio de gabinete no supondría grandes giros en las políticas. Así que ya podemos intuir lo que quedará de herencia para el final de los cuatro años de mandato libertarios.

Diálogo con el economista CAMILO TISCORNIA

Los hijos del Apothetai. O el hambre no es delito, es una emergencia

 Por Daniel Kiper

La historia, si sirve para algo, es para recordar lo que nunca debe repetirse. En la Esparta de Licurgo, los niños nacían, pero no todos eran aceptados. Si tenían una deformidad, si eran débiles o simplemente distintos, eran arrojados al Apothetai: una grieta en el monte Taigeto donde se los dejaba morir. No era venganza ni castigo. Era política de Estado. Se decía que era por el bien común.

Hoy no hay montes, pero sobran fosas. Hay montañas de decretos, resoluciones y vetos que, bajo el disfraz de la eficiencia o la libertad, excluyen a los jubilados, a los discapacitados y a los hambrientos. Cambia la geografía, pero no el principio: quien no sirve, estorba. Quien no produce, sobra. Y al que sobra, se lo expulsa. De la asistencia, del derecho, del plato de comida. Del país.

En la Argentina de hoy, la pobreza no solo es tolerada: es administrada. Se gestiona desde despachos revestidos de tecnocracia, donde palabras como “shock”, “ajuste” o “superávit” se usan como fórmulas mágicas para justificar lo inaceptable. Y se castiga, con saña, cuando la miseria se atreve a mostrar su rostro en la calle.

Esta semana, el presidente de la Nación vetó, en show de TV y entre risas, tres leyes de contenido social: una para recomponer ingresos jubilatorios, otra para declarar la emergencia en discapacidad, y una tercera para establecer una nueva moratoria previsional. Lo hizo con la naturalidad de quien firma un papel sin historia, sin consecuencias humanas, sin dolor.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una propuesta aún más escalofriante: imponer multas a quienes buscan comida en la basura. Penalizar el hambre. Convertir la necesidad en contravención. Como si el crimen no fuera el estómago vacío, sino la mano que se atreve a buscar entre restos.

Estas medidas no son simples errores de gestión. Son violaciones sistemáticas al derecho humano a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y a la vida, consagrados en tratados internacionales de jerarquía constitucional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

Lo que estamos viendo no es un ajuste. Es lo que la doctrina llama crueldad institucionalizada: una política deliberada de descarte, en la que el Estado ya no falla en proteger, sino que castiga al que necesita protección. No muy distinta, en su lógica de fondo, a las prácticas que mancharon a las sociedades más fanáticas, más autoritarias y más deshumanizadas de la historia.

Esta tarde vi, bajo la sombra rota de un contenedor, a un hombre con hambre. No pedía. Buscaba. Se inclinaba sobre los residuos, no como un delincuente, sino como un náufrago que aún cree en la esperanza. Lo hacía con vergüenza, como si su necesidad fuera delito. Como si su vida molestara.

Me acerqué. Le ofrecí comida. Un plato. Un gesto. Una caricia. Nada más. Nada menos. Una solución minúscula ante una catástrofe inmensa.

El Estado, que debería estar allí, estaba ausente. O peor: estaba para multarlo.

Siempre dicen lo mismo: no hay plata. Pero sí hay recursos para pagarle a los fondos buitres intereses usurarios, para blindar a los mercados mientras se vacían hospitales y se apagan estufas en las escuelas. Sí hay plata para sostener cuevas financieras, pero no para sostener una silla de ruedas. Hay millones para custodiar bancos, pero no para garantizar un plato de sopa.

Y ahora, como si todo eso no bastara, también se propone castigar al hambriento.

Cuando era niño, no entendía aquel canto que hablaba de los “maderos de San Juan”. Piden pan, no les dan. Piden queso, les dan hueso. Les cortan el pescuezo. Me sonaba cruel, incomprensible. Hoy, ya viejo, entiendo: era una denuncia.

Por el niño que fui. Por el hombre que soy. Por los que hurgan. Por los que ya no pueden. Por los que todavía esperan. Escribo este testimonio del Estado de crueldad. 

El futuro de la sociedad argentina

 Por ALEJANDRO ROFMAN

El proyecto del actual gobierno no es simplemente liberalizar, reduciendo al mínimo posible todas las regulaciones, y las actividades productivas locales. Fundamentalmente, aquellas
vinculadas a las áreas más protegidas por aranceles frente a la importación de sustitutos de la producción local, justamente la política totalmente distinta, diferente, en contradicción, con la
que viene impulsando el gobierno de Trump en Estados Unidos como estrategia frontal y principal de su política económica.
Lo que es mucho más importante y significativo es apreciar las tendencias a largo plazo del devenir económico de la Argentina.
Dos son los grandes ejes a través de los cuales se maneja el Gobierno nacional en la visión de país que tiene el presidente y sus principales seguidores, si nos anoticiamos del discurso oficial.
Esos ejes fundamentales marcan diferencias claras, no solo con lo que se hizo en la Argentina desde la Organización
Nacional, sino los que han seguido manejando como políticas de fondo la enorme mayoría de los países de mayor significación a escala mundial. 
Uno es la negación de la justicia social como paradigma de protección a los más débiles que pueblan la sociedad en su mayoría. Paradigma que se fundamenta en que, si se aplican pautas diferenciadas de políticas, según el nivel de ingresos de los habitantes, o se somete a los que tienen mayor poder económico y riqueza a que se asigne parte de esos recursos al sostenimiento de las capas sociales más débiles (principios que regulan, por otra parte, los criterios de justicia social) se estaría cometiendo un crimen, un robo organizado. Se le estaría robando a los que tienen para alimentar a los que no tienen suficiente para vivir. Y para los libertarios que siguen la teoría económica del presidente cada uno ocupa un lugar en el cuadro social de la sociedad, de acuerdo a lo que puede lograr. Si no logra más, la culpa es de él. No hay ninguna fórmula que deba alterar, modificar o suplantar las equivocaciones, errores o desigualdades que marca el mercado que no sea originada en la misma persona. Cada uno es
artífice de su destino más allá del contexto.

Recordemos al respecto lo que afirma nuestro Himno Nacional:” Y en su trono la noble igualdad” es uno de los párrafos más relevantes. Milei ataca a la igualdad principio básico en el que asienta la Justicia Social lo que
implica un desencuentro fundamental con las ideas de los Padres de la Patria. Así, habría que que dejar de
financiar funciones básicas del Estado, que es reconocido como una ”organización criminal”, a la cual se afirma ,desde la cúpula del poder político, que hay que destruirlo y que tal destrucción es el principal objetivo de la gestión actual. Por ejemplo, se debería
anular la existencia de un sector de las de las fuerzas de seguridad que esté financiado por quienes más recursos tienen
vía el Presupuesto de la nación, para combatir incendios. Bomberos afuera, porque cada uno tiene que buscar la manera, si es afectado por un incendio, de apagarlo. Si no hay servicio de Bomberos financiado en el Estado con los impuestos que cobra
para combatir un incendio cada habitante debería disponer de equipamiento adecuado para tal fin y si no dispone de dinero que se haga de un balde para echar agua. El Estado debe abstenerse de actuar para compensar la falta de recursos de quiénes no han sido capaces de generarlo. El responsable es el sujeto incapaz y si el Estado opera para que se le provea de un servicio que no puede afrontar con su propio peculio está cometiendo un acto criminal, ya que le obliga a otros a aportar lo que no pueden afrontar los que no logran ingresos adecuados para sufragar el gasto correspondiente. Justificar como una acto de justicia social que sean los impuestos que paga el que puede, en un acto solidario, sostener un servicio indispensable para la subsistencia no puede admitirse bajo ningún concepto es el pensamiento fundamental del sr Milei y sus acólitos.
Idéntico razonamiento se plantea desde la visión anarco capitalista en otros aspectos centrales de la vida cotidiana. No debería haber salud pública gratuita a la que puedan acceder los que no tienen ingresos para enfrentar con su propio peculio el enfrentar enfermedades daños corporales por accidentes de cualquier tipo El cobro de impuestos para sostener un sistema estatal de salud para contingencias como la arriba citada se convierte, así en un robo liso y llano ... Justicia social, entonces, afuera.
Detrás de este marco ideológico extremo surge el principio de que no se debe intervenir ni regular

 las acciones de los seres humanos so pretexto de desigualdades en la capacidad de desenvolverse cada uno en el marco de la sociedad humana contemporánea Un ejemplo resaltante a tal efecto tiene que ver con los ingresos de cada uno

según cómo le va en el mercado. En una
sociedad capitalista, afirman los libertarios, cada ciudadano está en condiciones de desempeñar un trabajo remunerado. Si lo que

pretende por ese trabajo no los puede obtener para conseguirlo, deberá reducir el monto que solicita hasta que esté en condiciones de lograr la plaza de trabajo a la que aspira Siempre tendrá la posibilidad de obtener un empleo. Solo dependerá de ser flexible al solicitar una remuneración que el mercado de demanda laboral acepte afrontar el monto salarial que

 dicho mercado determine. El Estado debe abstenerse de fijar criterios arbitrarios para obligar al potencial empleador a pagar una remuneración que no considere apropiada. El disponer el establecimiento de un salario mínimo que obligue a potenciales empleadores a contratar a un trabajador. Es limitar el accionar libre de demandantes y oferentes de tan bajo.

beneplácito, cualesquiera sean sus consecuencias. Brindar salud a niños carentes por dificultades en el sostenimiento de tratamientos prolongados en familias de muy escasos
ingresos supone un desatino total. Que cada uno busque la salud que se merece, deberíamos pensar. Por supuesto, esta concepción del impuesto como un robo, que apunta a
eliminarlo en última instancia en forma total, para que cada uno en la vida cotidiana busque la manera de sostenerse a sí mismo, está personificada, en justificar una solución final a toda la
problemática del rol del Estado en la sociedad. Nada de Estado, cero de Estado en la concepción final. Tardará todo el tiempo que haga falta avanzar en este objetivo, pero el Estado es una organización criminal, porque propicia el robo de los que tienen recursos para financiar actividades imprescindibles para la subsistencia de los que no poseen recursos, cualesquiera hayan sido las causas respectivas.
Creo que hay que ser muy consciente de estos dos principios o ejes fundamentales para pensar en el futuro de la sociedad argentina si siguen prevaleciendo y, por supuesto, en el
destino de los millones y millones de habitantes que pueblan el territorio y que son incapaces, porque no tienen cómo hacerlo con sus ingresos mensuales o anuales, de satisfacer sus
necesidades básicas. Está, por supuesto, este principio fundamentalmente opuesto al lema
que sostiene que donde hay una necesidad surge un derecho. Al contrario, para los anarcocapitalistas que nos gobiernan, donde hay una necesidad que cada uno se arregle como
pueda para satisfacerla. Los demás habitantes no son responsables de ninguna manera de hacerlo. El criterio de la solidaridad; el criterio de la vida en común; el criterio de la comunidad organizada; el criterio de la cohesión social son todas formas espurias de una sociedad basada en el crimen del impuesto.
Me parece que estamos enfrentados a un destino muy ingrato si quienes propugnan estos dos ejes fundamentales continúan prevaleciendo en la definición de las políticas básicas de una
sociedad como la nuestra. Desde ya, la Constitución Nacional establece claramente el principio de la justicia social, afirma explícitamente que el impuesto es la forma de recaudar recursos
con criterios de equidad social. Si se sigue postulando lo que hemos planteado como ejes fundamentales se está contra la Constitución, aún cuando todos los que hoy ejercen funciones
ejecutivas centrales en la sociedad argentina juraron por la Constitución nacional y afirmaron
que la iban a defender y la iban a aplicar. Incluso plantearon, en todos los casos, que, si no lo hicieran, la Patria debería demandárselos.
Estamos, entonces, en presencia de una situación conflictiva contra el estatuto básico de convivencia de la sociedad argentina, que de algún modo se tendrá que resolver a los fines de 

evitar que esta ideología individualista y egoísta y carente de sentido solidario se mantenga vigente en el transcurrir del tiempo.

AUDIO de Construcción plural del 230725

Diálogo con el economista HERNAN NEYRA