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El Presupuesto que no llegó un peligroso precedente para la República

Por Daniel Kiper

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha decidido no remitir al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General para el ejercicio 2025, una acción que no solo infringe disposiciones expresas de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera, sino que sienta un alarmante precedente en la relación entre los poderes del Estado y el manejo de los recursos públicos.

El presupuesto es más que un ejercicio técnico de cálculo de ingresos y gastos. Es el corazón de la planificación económica del país y el principal mecanismo de control democrático sobre el uso de los fondos públicos. Sin él, el principio republicano, la división de poderes y la transparencia, pilares fundamentales de nuestra democracia, se ven comprometidos.

El derecho presupuestario resume las luchas históricas de las representaciones del pueblo -cortes, parlamentos o asambleas- para conquistar el control sobre el poder financiero. Primero, asegurando la necesidad de aprobar los tributos e impuestos; luego, fiscalizando la administración de ingresos y la distribución de los gastos públicos.

Un incumplimiento constitucional

El artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso la aprobación del Presupuesto General de la Nación. A su vez, el artículo 100 inciso 6 impone al Jefe de Gabinete de la Nación la obligación de enviar los proyectos de ley del presupuesto.

Además, la Ley 24.156 de Administración Financiera es categórica: el proyecto debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre del año anterior al ejercicio fiscal correspondiente (artículo 26). Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por eludir esta obligación, pretendiendo operar bajo la prórroga del presupuesto del año 2023, una medida contemplada solo para el año anterior (artículo 27) y situaciones excepcionales. No para justificar la inacción gubernamental.

Las consecuencias del silencio presupuestario

La decisión del PEN de no presentar el proyecto de presupuesto genera al menos tres consecuencias críticas:

1. La vulneración de la división de poderes: Al impedir que el Congreso debata y apruebe el presupuesto, se restringe su facultad constitucional de controlar el gasto público. Este acto concentra poderes en el Ejecutivo y debilita el rol del Legislativo.

2. El debilitamiento del principio republicano: La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en la gestión de los recursos del Estado. Al no someterse al escrutinio legislativo, el PEN erosiona la confianza pública y abre la puerta a un manejo discrecional de los fondos.

3. El riesgo de arbitrariedad: En ausencia de un presupuesto aprobado, el Ejecutivo podría decidir la distribución de los recursos sin control efectivo. Si bien la prórroga del presupuesto es legal, su uso continuado como herramienta política contradice el espíritu de las normas que regulan la administración financiera.

Un precedente peligroso

La omisión de remitir el presupuesto no puede analizarse como un hecho aislado. Se trata de una decisión política que debilita los equilibrios institucionales y normaliza una práctica contraria a los principios democráticos. Si el Congreso no actúa para exigir el cumplimiento de las normas, se abre la puerta a que futuras administraciones utilicen esta omisión como una estrategia para evitar controles.

¿Qué debe suceder ahora?

El Congreso Nacional tiene el deber de exhortar al PEN a cumplir con su obligación constitucional de manera inmediata. Si el Ejecutivo persiste en su incumplimiento, podría analizarse la viabilidad de iniciar acciones judiciales para garantizar el respeto al principio republicano y la división de poderes.

En tanto, la sociedad debe permanecer alerta ante lo que está en juego: no solo se trata de un presupuesto, sino de la salud institucional de la República. Los recursos públicos no son propiedad del gobierno de turno, sino del pueblo, y su manejo debe estar sujeto a controles estrictos y transparentes.

El Poder Ejecutivo aún tiene la oportunidad de rectificar este grave error. La democracia argentina exige un compromiso pleno con las normas constitucionales y legales, porque el respeto a las instituciones es la base sobre la cual se construye un país verdaderamente republicano.

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