El futuro de la sociedad argentina

 Por ALEJANDRO ROFMAN

El proyecto del actual gobierno no es simplemente liberalizar, reduciendo al mínimo posible todas las regulaciones, y las actividades productivas locales. Fundamentalmente, aquellas
vinculadas a las áreas más protegidas por aranceles frente a la importación de sustitutos de la producción local, justamente la política totalmente distinta, diferente, en contradicción, con la
que viene impulsando el gobierno de Trump en Estados Unidos como estrategia frontal y principal de su política económica.
Lo que es mucho más importante y significativo es apreciar las tendencias a largo plazo del devenir económico de la Argentina.
Dos son los grandes ejes a través de los cuales se maneja el Gobierno nacional en la visión de país que tiene el presidente y sus principales seguidores, si nos anoticiamos del discurso oficial.
Esos ejes fundamentales marcan diferencias claras, no solo con lo que se hizo en la Argentina desde la Organización
Nacional, sino los que han seguido manejando como políticas de fondo la enorme mayoría de los países de mayor significación a escala mundial. 
Uno es la negación de la justicia social como paradigma de protección a los más débiles que pueblan la sociedad en su mayoría. Paradigma que se fundamenta en que, si se aplican pautas diferenciadas de políticas, según el nivel de ingresos de los habitantes, o se somete a los que tienen mayor poder económico y riqueza a que se asigne parte de esos recursos al sostenimiento de las capas sociales más débiles (principios que regulan, por otra parte, los criterios de justicia social) se estaría cometiendo un crimen, un robo organizado. Se le estaría robando a los que tienen para alimentar a los que no tienen suficiente para vivir. Y para los libertarios que siguen la teoría económica del presidente cada uno ocupa un lugar en el cuadro social de la sociedad, de acuerdo a lo que puede lograr. Si no logra más, la culpa es de él. No hay ninguna fórmula que deba alterar, modificar o suplantar las equivocaciones, errores o desigualdades que marca el mercado que no sea originada en la misma persona. Cada uno es
artífice de su destino más allá del contexto.

Recordemos al respecto lo que afirma nuestro Himno Nacional:” Y en su trono la noble igualdad” es uno de los párrafos más relevantes. Milei ataca a la igualdad principio básico en el que asienta la Justicia Social lo que
implica un desencuentro fundamental con las ideas de los Padres de la Patria. Así, habría que que dejar de
financiar funciones básicas del Estado, que es reconocido como una ”organización criminal”, a la cual se afirma ,desde la cúpula del poder político, que hay que destruirlo y que tal destrucción es el principal objetivo de la gestión actual. Por ejemplo, se debería
anular la existencia de un sector de las de las fuerzas de seguridad que esté financiado por quienes más recursos tienen
vía el Presupuesto de la nación, para combatir incendios. Bomberos afuera, porque cada uno tiene que buscar la manera, si es afectado por un incendio, de apagarlo. Si no hay servicio de Bomberos financiado en el Estado con los impuestos que cobra
para combatir un incendio cada habitante debería disponer de equipamiento adecuado para tal fin y si no dispone de dinero que se haga de un balde para echar agua. El Estado debe abstenerse de actuar para compensar la falta de recursos de quiénes no han sido capaces de generarlo. El responsable es el sujeto incapaz y si el Estado opera para que se le provea de un servicio que no puede afrontar con su propio peculio está cometiendo un acto criminal, ya que le obliga a otros a aportar lo que no pueden afrontar los que no logran ingresos adecuados para sufragar el gasto correspondiente. Justificar como una acto de justicia social que sean los impuestos que paga el que puede, en un acto solidario, sostener un servicio indispensable para la subsistencia no puede admitirse bajo ningún concepto es el pensamiento fundamental del sr Milei y sus acólitos.
Idéntico razonamiento se plantea desde la visión anarco capitalista en otros aspectos centrales de la vida cotidiana. No debería haber salud pública gratuita a la que puedan acceder los que no tienen ingresos para enfrentar con su propio peculio el enfrentar enfermedades daños corporales por accidentes de cualquier tipo El cobro de impuestos para sostener un sistema estatal de salud para contingencias como la arriba citada se convierte, así en un robo liso y llano ... Justicia social, entonces, afuera.
Detrás de este marco ideológico extremo surge el principio de que no se debe intervenir ni regular

 las acciones de los seres humanos so pretexto de desigualdades en la capacidad de desenvolverse cada uno en el marco de la sociedad humana contemporánea Un ejemplo resaltante a tal efecto tiene que ver con los ingresos de cada uno

según cómo le va en el mercado. En una
sociedad capitalista, afirman los libertarios, cada ciudadano está en condiciones de desempeñar un trabajo remunerado. Si lo que

pretende por ese trabajo no los puede obtener para conseguirlo, deberá reducir el monto que solicita hasta que esté en condiciones de lograr la plaza de trabajo a la que aspira Siempre tendrá la posibilidad de obtener un empleo. Solo dependerá de ser flexible al solicitar una remuneración que el mercado de demanda laboral acepte afrontar el monto salarial que

 dicho mercado determine. El Estado debe abstenerse de fijar criterios arbitrarios para obligar al potencial empleador a pagar una remuneración que no considere apropiada. El disponer el establecimiento de un salario mínimo que obligue a potenciales empleadores a contratar a un trabajador. Es limitar el accionar libre de demandantes y oferentes de tan bajo.

beneplácito, cualesquiera sean sus consecuencias. Brindar salud a niños carentes por dificultades en el sostenimiento de tratamientos prolongados en familias de muy escasos
ingresos supone un desatino total. Que cada uno busque la salud que se merece, deberíamos pensar. Por supuesto, esta concepción del impuesto como un robo, que apunta a
eliminarlo en última instancia en forma total, para que cada uno en la vida cotidiana busque la manera de sostenerse a sí mismo, está personificada, en justificar una solución final a toda la
problemática del rol del Estado en la sociedad. Nada de Estado, cero de Estado en la concepción final. Tardará todo el tiempo que haga falta avanzar en este objetivo, pero el Estado es una organización criminal, porque propicia el robo de los que tienen recursos para financiar actividades imprescindibles para la subsistencia de los que no poseen recursos, cualesquiera hayan sido las causas respectivas.
Creo que hay que ser muy consciente de estos dos principios o ejes fundamentales para pensar en el futuro de la sociedad argentina si siguen prevaleciendo y, por supuesto, en el
destino de los millones y millones de habitantes que pueblan el territorio y que son incapaces, porque no tienen cómo hacerlo con sus ingresos mensuales o anuales, de satisfacer sus
necesidades básicas. Está, por supuesto, este principio fundamentalmente opuesto al lema
que sostiene que donde hay una necesidad surge un derecho. Al contrario, para los anarcocapitalistas que nos gobiernan, donde hay una necesidad que cada uno se arregle como
pueda para satisfacerla. Los demás habitantes no son responsables de ninguna manera de hacerlo. El criterio de la solidaridad; el criterio de la vida en común; el criterio de la comunidad organizada; el criterio de la cohesión social son todas formas espurias de una sociedad basada en el crimen del impuesto.
Me parece que estamos enfrentados a un destino muy ingrato si quienes propugnan estos dos ejes fundamentales continúan prevaleciendo en la definición de las políticas básicas de una
sociedad como la nuestra. Desde ya, la Constitución Nacional establece claramente el principio de la justicia social, afirma explícitamente que el impuesto es la forma de recaudar recursos
con criterios de equidad social. Si se sigue postulando lo que hemos planteado como ejes fundamentales se está contra la Constitución, aún cuando todos los que hoy ejercen funciones
ejecutivas centrales en la sociedad argentina juraron por la Constitución nacional y afirmaron
que la iban a defender y la iban a aplicar. Incluso plantearon, en todos los casos, que, si no lo hicieran, la Patria debería demandárselos.
Estamos, entonces, en presencia de una situación conflictiva contra el estatuto básico de convivencia de la sociedad argentina, que de algún modo se tendrá que resolver a los fines de 

evitar que esta ideología individualista y egoísta y carente de sentido solidario se mantenga vigente en el transcurrir del tiempo.

AUDIO de Construcción plural del 230725

Diálogo con el economista HERNAN NEYRA

Los recortes que enferman: crónica de una emergencia anunciada

 Por Daniel Kiper

En la calle, bajo un frío sin clemencia, madres y padres alzan sus voces con más esperanza que fuerza, como quien grita para no morirse del todo. En el Congreso, al calor de intereses y estrategias, se disputa una sesión que ya no es técnica ni legislativa: es moral. Porque hoy no se debate una ley, sino un límite. Y ese límite —tan invisible como concreto— es el que separa a un país humano de uno desalmado.

A esta hora, miles marchan por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero la emergencia, seamos sinceros, no empezó hoy. Viene gestándose en silencio desde que la motosierra fiscal del gobierno comenzó a segar sin mirar. Recortar en discapacidad no es un ahorro: es un acto de crueldad deliberada. Y no es metáfora. Es literal. Porque los recortes de salud enferman. Porque la omisión —cuando es política— también es violencia.

Ningún país se mide por sus recortes, sino por la dignidad con que trata a quienes no pueden valerse por sí solos. Y la Argentina que hoy se gobierna desde un Excel y según dictan algoritmos, parece haber olvidado que nuestras vidas —y con mayor razón las vidas de las personas con discapacidad— no caben en una planilla de cálculo. El derecho a la rehabilitación, al transporte, a la medicación, al acompañamiento, no es una dádiva ni un privilegio: es una obligación constitucional.

Las pensiones se demoran. Las coberturas se caen. Las familias deben judicializar cada asistencia como si fueran a mendigar un favor. Y mientras tanto, funcionarios de traje repiten —desde la comodidad de sus despachos y defendiendo sus sueldos millonarios— la palabra “ajuste” como si se tratara de una virtud cívica y no de una amputación ética.

Lo que hasta ayer parecía un drama administrativo, hoy amenaza con transformarse en tragedia institucional. Porque el presidente Javier Milei —con esa mezcla de soberbia tecnocrática y crueldad performática— ya anticipó que vetará la ley si el Senado la aprueba. “No hay plata”, repite como dogma. Y si el Congreso insiste, “judicializaremos la cuestión”, advirtió su vocero. Es decir: no solo recortan, también impiden que otros reparen.

Como si fuera poco, la ministra Patricia Bullrich —quizás la única capaz de endurecer aún más la escena— declaró que el país no puede ser “rehén de los reclamos de discapacidad”, como si el derecho a vivir con dignidad fuera un chantaje y no una exigencia constitucional. Alguien debería recordarle que, en democracia, el único rehén es el pueblo cuando sus derechos son pisoteados por el poder.

Gabriel García Márquez escribió que “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.” ¿Qué recordaremos nosotros de este tiempo? ¿Qué relato quedará? ¿El de los indicadores macroeconómicos o el de los niños con discapacidad que dejaron de ir a terapia? ¿El de un superávit fugaz o el de los adultos mayores que ya no acceden a una silla de ruedas por decisión de funcionarios que ostentan el lujo con el desparpajo de los impunes?

Y si la pregunta duele, más duele la respuesta. Porque ya no se trata de negligencia. Es doctrina. Es decisión. Es modelo. Esparta —esa cuna del fanatismo militar— arrojaba a los recién nacidos con discapacidad a una fosa común llamada Apothetai, en las laderas del monte Taigeto. Según relatan autores como Plutarco, los ancianos del clan inspeccionaban al recién nacido: si no era sano y fuerte, lo abandonaban allí para que muriera. Creían que así preservaban la fortaleza del pueblo.

Hoy, en versión moderna y posmoderna, ciertos gobiernos optan por abandonar a quienes más necesitan, con argumentos que suenan sofisticados pero que ocultan la misma brutalidad.

En Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, las protestas se multiplican porque la necesidad ya desbordó la paciencia. No es ideología, es desesperación. No es oposición, es humanidad. Pero el poder, cuando se envalentona, no escucha. Y cuando no escucha, degrada. Y cuando degrada, se degrada.

La salud pública no se sostiene con discursos abstractos ni con contabilidad contorsionista. Se sostiene con recursos, con decisiones, con sensibilidad. Y sobre todo, con una convicción simple pero urgente: que el Estado debe estar donde duele. No para observar el dolor, sino para aliviarlo.

Hoy el Senado tiene una oportunidad, pero también una deuda. Aprobar la Ley de Emergencia en Discapacidad no va a reparar todo lo dañado. Pero puede ser el primer acto decente en medio de una indecencia sostenida. Un mínimo gesto de cordura en el centro de una política cada vez más alejada del sufrimiento del pueblo.

Porque ajustar en discapacidad no es un sacrificio: es una renuncia. Y lo que se pierde cuando se renuncia a los más vulnerables, no se recupera con ningún superávit.

Y al final del día —cuando se apaguen las cámaras y queden solo los pasos arrastrados de quienes vuelvan a sus casas sin respuestas— quedará una pregunta:

¿Qué tipo de país somos cuando miramos a los ojos del que más nos necesita, y aún así elegimos mirar para otro lado?