Por Daniel Kiper
La democracia cruje bajo los pasos de los jueces y ministros: la prohibición judicial de difundir unos audios se convirtió en un espejo de épocas más oscuras. El juez Alejandro Maraniello, sin escuchar siquiera las grabaciones, dictó una medida cautelar que cercenó la libertad de expresión de antemano, como si la Constitución y los tratados internacionales fueran papeles arrugados en el fondo de un cajón.
La decisión se limita a determinados audios, pero su alcance simbólico es tan vasto que se lee inevitablemente como censura previa: la más antigua de las herejías contra el periodismo. Juristas y constitucionalistas lo saben bien: ningún poder del Estado puede clausurar lo que aún no se ha dicho. Y, sin embargo, allí está la firma del juez, anticipándose a la palabra como quien apaga una lámpara antes de que alguien encienda la vela.
No fue el único episodio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia allanamientos contra periodistas y un canal de streaming que difundieron los audios. Luego lo negó con la misma soltura con que McCarthy, en los años cincuenta, multiplicaba listas negras que nunca pudo probar. Pero las pruebas de su pedido de allanamiento existen. Y esa contradicción abre una herida que sangra por dos costados: el del abuso de autoridad y el de la intimidación a la prensa.
Los paralelismos con el macartismo son inevitables. McCarthy también usó al poder judicial y político para sembrar miedo, acusar sin pruebas, manipular a los medios y convertir al periodismo en cómplice involuntario de su cruzada anticomunista. En los Estados Unidos de entonces, los actores de Hollywood debían confesar lo que no habían hecho para no quedar en listas negras. Los académicos eran perseguidos por pensar demasiado y los periodistas por preguntar lo que no convenía. Era la caza de brujas, disfrazada de defensa nacional.
Hoy, en la Argentina, también se invoca la defensa nacional, aunque no hay hipótesis de conflictos . Pero sí hay periodistas, medios y ciudadanos que pueden ser señalados por difundir una verdad incómoda. El fantasma del macartismo no llega con uniformes de época ni con banderas extranjeras: llega con resoluciones judiciales exprés, con ministros que desmienten lo que firmaron, con la sospecha convertida en delito y con la palabra amordazada antes de nacer.
La censura, aunque se presente como medida cautelar, es siempre hija del temor a la verdad. Porque los puros y transparentes no temen a sus propios dichos y resisten eventuales audios y hasta se fortalecen con ellos. Pero si necesitan prohibir, allanar y amedrentar, entonces …
En 1954, el Senado de Estados Unidos censuró a McCarthy para salvar lo poco que quedaba de la dignidad republicana. Ese gesto, tardío pero necesario, recordó que ninguna democracia puede sobrevivir si permite que el miedo se convierta en política de Estado. La Argentina de hoy debería aprender de esa historia antes de que sea tarde.
La Justicia tiene herramientas para investigar el origen de los audios y sancionar delitos sin mordazas previas; el Ejecutivo, para denunciar sin allanamientos a la prensa; y los medios, para informar con rigurosidad y contexto.
Porque lo que está en juego es la Republica. Y cuando la palabra es secuestrada por el gobierno, nos aturde el silencio y solo se escucha un eco vacío de quienes mandan.