Audio de Construcción Plural del 270225

Decreto por la Corte/ Despotismo

 Por Horacio Schick

Abogado

El Gobierno nombró por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, cuando el escándalo por $Libra ya había explotado y la sesión del Senado para tratar el pliego del primero de ellos estaba a punto de caerse, y el Ejecutivo dejó trascender que iba a proponer otros candidatos. 

Se viola así la Carta Magna al sustituir la función excluyente del Senado de aprobar la designación de los magistrados y más aún los miembros de la Corte Suprema, que requiere una mayoría especial. 

Se verifica una vez más la ausencia de respeto a las reglas democráticas y a la división de poderes por parte del PEN. 

Es un "cachetazo" a los votantes de Milei que buscaron superar los fracasos de los gobiernos de la democracia y eligieron un outsider. Ningún éxito se augura cuando se gobierna con autoritarismo, desprecio y al margen de la Constitución. 

El juez Lijó es harto controvertido y llama la atención la obstinación del presidente Milei en su designación. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), investigó su paso por el juzgado federal que manejaba y concluyó que está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce su cargo (32 denuncias totales). También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años. De las 89 causas, elevó a juicio oral sólo 14: es el el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%). 

El apuro gubernamental, entre otros motivos, obedece al deseo de contar con una Corte adicta, particularmente en momentos que se investiga el enorme escándalo del criptogate. También el DNU tiene la suficiente envergadura para esconder el escándalo de $Libra que sigue ocupando los portales de la Argentina y del extranjero. La mundialmente conocida Forbes, la mayor revista de negocios del mundo, calificó que la criptoestafa que difundió el presidente Milei como la más grande de la historia.

Audio de CP del 260225

El discurso de Milei ¿un casino donde siempre ganan los mismos? Un regreso al macartismo

  Por Daniel Kiper 

El discurso del presidente Javier Milei en la CPAC refuerza una narrativa simplista y peligrosamente reduccionista sobre la economía, la política y la sociedad. Bajo la bandera de la “batalla cultural contra el socialismo”, Milei construye un enemigo absoluto e indistinto, al mejor estilo del macartismo, donde cualquiera que cuestione su dogma es tildado de colectivista, estatista o, peor aún, “zurdo”. Pero en su cruzada fanática, ignora las complejidades de los sistemas políticos y económicos modernos y reduce todo a una caricatura donde el Estado es el enemigo y el mercado, la única salvación.

Su concepción de la libertad, basada exclusivamente en el individualismo extremo y el desmantelamiento del Estado, desconoce que las sociedades democráticas requieren equilibrios entre mercado, instituciones y derechos ciudadanos. No hay libertad sin igualdad de oportunidades, y no hay oportunidades cuando se destruye todo lo que permite que los más vulnerables puedan competir en igualdad de condiciones.

Milei quiere hacernos creer que la libertad es una condición natural, como si todos los niños nacieran con las mismas posibilidades, sin importar su origen, su educación o su acceso a recursos. Pero la realidad es otra: en un país sin un Estado que garantice derechos básicos, la libertad no es más que un privilegio reservado a quienes pueden pagarla.

Nos dice que la única batalla que importa es la del mercado, pero ¿qué pasa con los millones que no tienen medios económicos para asegurarse una comida diaria, un techo o educación de calidad? ¿Cómo se supone que el “mérito” los salvará si las cartas están marcadas desde el inicio? ¿O acaso la vida, al igual que las criptomonedas, es solo un casino donde los poderosos siempre juegan con ventaja y los demás apenas sobreviven hasta la próxima crisis?

Nos habla de destruir al Estado como si eso nos hiciera más libres, pero en realidad lo que propone es dejarnos a la deriva. Sin reglas claras, la única ley que queda es la del más fuerte, y ahí siempre ganan los mismos. No necesitamos menos Estado, sino un Estado que funcione para la gente, que garantice igualdad de oportunidades y que proteja a quienes más lo necesitan.

El desafío es reconciliar la libertad individual con la igualdad social concepto que desarrolla John Rawls en su obra Teoría de la justicia. Es claro que este autor lo hace a partir del velo de la ignorancia, en el que las personas, al decidir los principios de justicia, lo hacen sin conocer su propia posición en la sociedad (clase, raza, género, habilidades, etc.). Esto garantiza que las reglas adoptadas sean imparciales y beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables. En tanto Milei habla ante conservadores que, según indica su nombre, quieren conservar su poder, su dinero, su status.

Milei se presenta como un paladín de la “verdad económica”, pero su visión carece de sustento histórico. No hay evidencia de que los países más desarrollados hayan alcanzado la prosperidad reduciendo el Estado al mínimo. Al contrario, han prosperado con modelos mixtos que equilibran mercado y regulación, inversión pública y derechos sociales. Pero Milei ignora esta realidad y la reemplaza con consignas efectistas, apelando más a la emoción que al análisis riguroso.

Su retórica polarizadora –donde los adversarios son tratados como enemigos irreconciliables– no es nueva en la historia. El macartismo de los años 50 persiguió a quienes pensaban distinto con el mismo fanatismo con el que Milei pretende dividir a la sociedad entre “buenos” y “malos”, entre “defensores de la libertad” y “colectivistas”. Pero reducir la política a una caza de brujas no construye naciones más fuertes, sino más frágiles, más desiguales y más violentas.

Si Milei verdaderamente creyera en la libertad, entendería que esta no se trata solo de que el Estado no intervenga, sino de garantizar que todos tengan la posibilidad real de elegir su propio camino. Sin educación, sin salud, sin derechos laborales, la “libertad de mercado” no es más que la libertad del más fuerte sobre el más débil.

Nos quieren vender una guerra que no es la nuestra. No te confundas: el problema no es un fantasma ideológico inventado, sino la falta de oportunidades, la desigualdad y la injusticia. La pelea no es contra el Estado, sino por un país donde todos podamos vivir mejor. Porque cuando el de al lado está bien, vos también tenés más oportunidades. Porque si todos crecemos, no hay que pelear migajas. Porque la verdadera libertad es aquella que podemos ejercer todos, no solo unos pocos.

Audio de CP del 190225

ABORDAJES Digitales.1 (más allá de CP): Daniel Kiper & Javier Correa

Los tuits también pueden ser delito

 Por Daniel Kiper

Las redes sociales y la falsa sensación de impunidad.

Las redes sociales son hoy una extensión de nuestra vida cotidiana. Facebook es el punto de encuentro, Instagram el espacio de los más jóvenes, Tinder el escenario de los enamorados, Twitter el campo de batalla de periodistas, polí­ticos y personajes diversos, y LinkedIn la vitrina profesional para quienes buscan oportunidades laborales. Con solo una computadora, tablet o celular, cualquiera de nosotros puede sumergirse en un universo digital donde todo parece estar al alcance de un clic. Podemos escribir desde cualquier lugar, a solas, y dirigir nuestros mensajes sin contacto físico o personal con los destinatarios, a quienes seguramente siquiera conocemos. 

En este mundo virtual, las fronteras entre lo real y lo ficticio se desdibujan. Internet se percibe como un espacio sin lí­mites, donde las redes sociales y las aplicaciones de mensajerí­a parecen operar con total impunidad. Pero esa ilusión desaparece cuando las consecuencias se materializan. Perfiles anónimos “o no tanto” invaden la privacidad ajena, propagan rumores, difunden imágenes comprometedoras o noticias falsas, lanzan ataques personales sin medir el impacto. Lo que nació como una herramienta de comunicación y entretenimiento puede convertirse, en el peor de los casos, en una ví­a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos.

El caso Milei-$LIBRA: ¿un simple tuit o una conducta penalmente relevante?

La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA ha reavivado el debate sobre los lí­mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí­picos de una figura penal.

El Código Penal describe conductas, no medios especí­ficos.

El principio rector del derecho penal es que lo relevante es la conducta realizada. El interrogante es si encuadra en una figura penal. Lo esencial es la realización de la acción tí­pica, independientemente del medio empleado. Un tuit no es inmune al derecho penal: si contiene un engaño con fines defraudatorios, una amenaza, una incitación a la violencia o una calumnia, puede ser sancionado como cualquier otro acto delictivo.

Posibles delitos a través de redes sociales:

1. Estafa (art. 172 CPA)

Un mensaje que constituya un ardid o engaño con suficiente entidad para inducir a error y provocar un perjuicio económico puede configurar una estafa.

2. Calumnias e injurias (arts. 109 y 110 CPA)

La imputación falsa de un delito o la deshonra de una persona en redes sociales puede ser punible. No hay diferencia entre insultar a alguien en la ví­a pública o hacerlo mediante un posteo: el daño al honor es el mismo, y el derecho penal nos protege en ambos casos.

3. Incitación a la violencia (art. 212 CPA)

Si un mensaje en redes sociales incita a la violencia colectiva contra grupos o instituciones, la sola incitación puede ser delictiva. 

4. Amenazas (art. 149 bis CPA)

Un tuit que anuncie un mal futuro para alarmar o infundir temor puede ser considerado una amenaza. La jurisprudencia ha equiparado las amenazas en redes sociales a las realizadas en otros medios, reconociendo su potencial intimidatorio.

La libertad de expresión no es un escudo para la impunidad.

Uno de los principales argumentos en defensa de impunidad digital es que la libertad de expresión protege al autor de cualquier imputación penal. Sin embargo, este razonamiento es incorrecto: los derechos constitucionales no son absolutos. La libertad de expresión no habilita a cometer delitos ni exime de responsabilidad.

El derecho penal argentino reconoce que las palabras pueden tener consecuencias jurí­dicas. La jurisprudencia ha establecido que ciertos mensajes pueden ser punibles cuando cumplen con los requisitos tí­picos de un delito. No se trata de censurar opiniones, sino de analizar si una expresión, independientemente del medio en que se difunda, configura una conducta penalmente relevante.

Conclusión: el derecho penal sí­ puede alcanzar los tuits, incluso los tuits  presidenciales.

El caso Milei-$LIBRA demuestra la necesidad de abandonar interpretaciones simplistas del derecho penal. Los delitos no dependen del medio empleado, sino de la conducta desplegada. Un tuit presidencial puede influir en mercados, inducir a error, generar perjuicios y, en algunos casos, configurar un delito. En democracia, la libertad de expresión es un pilar fundamental, pero no un blindaje ante la ley. Si un mensaje en redes sociales cumple con los elementos de un tipo penal, debe ser investigado y, si corresponde, sancionado.

Desde otro ángulo, el caso Milei-$LIBRA es también un ejemplo de cómo la comunicación polí­tica mal gestionada puede tener efectos devastadores en la credibilidad presidencial.

Errores comunicacionales y sus consecuencias.

El presidente como “influencer” del mercado.

La economí­a moderna ha demostrado que los lí­deres polí­ticos pueden alterar mercados con una simple declaración. Donald Trump lo hizo con sus tuits sobre empresas y la Reserva Federal incide permanentemente. Milei, al asumir un rol similar sin medir las consecuencias de sus mensajes, incurre en una grave irresponsabilidad política y comunicacional que pueden tener manifestaciones jurídicas.

Desgaste de su capital polí­tico.

La defensa agresiva de Milei, insultando a la oposición, no disipa las sospechas de irregularidades, sino que refuerza la percepción de que tiene algo que ocultar. Un presidente que se victimiza ante la crí­tica debilita su autoridad y alimenta la percepción de fragilidad.

Erosión institucional.

Cuando un mandatario descalifica sistemáticamente a quienes lo critican en lugar de asumir responsabilidades, debilita la confianza en las instituciones democráticas. Su respuesta al episodio refuerza la idea de que el paí­s es gobernado a través de impulsos emocionales, más que con racionalidad y planificación.

En términos de comunicación polí­tica, Milei deberí­a haber optado por una estrategia de contención: reconocer el error, ofrecer una explicación técnica y, sobre todo, evitar el tono beligerante. En lugar de eso, eligió la confrontación, prolongando el escándalo y profundizando la desconfianza de los mercados.

En definitiva:

Los tuits pueden ser delito si cumplen con los elementos tí­picos de una figura penal. La redes sociales no eximen de responsabilidad, y la libertad de expresión no es un cheque en blanco para la impunidad.

AUDIO DE CONSTRUCCION PLURAL del 120225

Diputado Espert: las palabras matan. Asuma su responsabilidad

 Por Daniel Kiper
Abogado penalista
Columnista de Construcción Plural

Matías Paredes tenía 26 años. Era padre, hijo, amigo. Volvía de un evento deportivo cuando fue perseguido y asesinado a balazos por policías de civil en vehículos no identificables en el barrio Bosque Grande, de Mar del Plata.

No era un delincuente. No representaba una amenaza. Pero se cruzó con quienes, sin identificarse, sin pruebas y sin juicio, decidieron convertirse en sus jueces y verdugos.

¿Por qué? Porque ser joven y circular de noche no debería ser una condena, pero lo fue. Porque discursos irresponsables, como los del diputado Espert, instalaron la idea de que la solución a la inseguridad es sembrar muerte. El terror como política.

Pero la justicia no es venganza. La ley protege a todos, o no protege a nadie. Si permitimos que policías decidan quién vive y quién muere sin pruebas, mañana el que no vuelve a casa puede ser tu hijo, tu hermano, vos.

El Estado de derecho existe para que nadie sea ejecutado sin juicio. La presunción de inocencia no es un capricho, es la garantía que evita que cualquiera de nosotros sea la próxima víctima.

Exigimos justicia y condena para todos los responsables, tanto los que apretaron el gatillo como los que desde la política instalan el odio y el desprecio por la vida. Y exigimos que se haga con todas las garantías, porque no se combate la barbarie con más barbarie.

Ayer, el diputado Espert pidió “gatillo fácil”. Hoy, un joven está muerto. Que no mire para otro lado. Que rectifique sus palabras. Que asuma su responsabilidad. Como diputado oficialista, su tarea es implementar políticas de prevención, no de terror.

Mi profundo pesar a los familiares y amigos de Matías Paredes. Escribo estas líneas pensando en él, en su vida truncada, y con la esperanza de que ningún otro joven, sea tu hijo o el mío, tenga el mismo destino.

Sé que los delincuentes también matan. No lo ignoro ni lo minimizo. Debemos responder con firmeza, con todo el peso de la ley. Pero dentro de la ley y respetando la ley. Porque si el Estado cruza esa línea, deja de ser justicia y se convierte en lo mismo que dice combatir.

El Audio de Construcción Plural del 050224