Si bien no es válido
generalizar, ya que siempre hubo paritarias conflictivas, se podría sostener
que, desde 2005, la mayoría de de las tratativas entre sindicatos y empresarios
fueron disputadas pero pacíficas.
A continuación,
trazaremos una descripcón de la coyuntura bajo la cual se desarrollará el
proceso negocial a efectos de fijar salarios convencionales para
2012.
LA SITUACION
POLITICA
Las elecciones
presidenciales arrojaron un resultado contundente a favor del Frente para la
Victoria,; ello derivado, en gran medida, al respaldo popular a la Presidenta
Cristina Fernández al punto de colocarla en el vértice mas elevado del poder
político en la Argentina.
La apabullante victoria
surgida de las urnas, sumada al estilo de conducción presidencial, potencian su
liderazgo personalista y favorecen la concentración en la toma de decisiones.
Esta tendencia es mayor, incluso, que en vida de Néstor.
No se visualizan cambios
en la mecánica de relacionamiento de la Presidenta con los actores políticos y
sociales. Durante el escaso tiempo transcurrido desde octubre a la fecha, se
percibe una continuidad -y hasta quizás una profundización- de las
inclinaciones confrontativas que caracterizaron el desenvolvimiento de su
marido.
En efecto, los primeros
escarceos de su segundo mandato ratifican que el Gobierno debe nutrirse en el
enfrentamiento con uno o varios adversarios; a diferencia de los inicios del
kirchnerismo, ya no alcanza con los represores de los setenta o los curas
reaccionarios. La militancia requiere contrapartes más verosímiles.
Al parecer, el
contendiente de turno será: “el poder corporativo”. Bajo este rótulo, un
tanto difuso y próximo a la consigna, se engloban sectores a los cuales el
gobierno adjudica diversos grados de “adversidad”, a saber: en un sitial
de privilegio los grandes medios de prensa; en un segundo plano, algunas
multinacionales un tanto remisas para acatar los mandobles de
Supermoreno; el sector financiero sospechado de alentar la fuga de
capitales; las entidades agropecuarias todavía empeñadas en bajar las
retenciones; y completa la lista un visitante inesperado: el Secretario General
de la C.G.T., Hugo Moyano así como los gremios que responden a su
conducción.
Nos apresuramos a aclarar
que el Gobierno no prodiga a este conglomerado corporativo un trato abiertamente
agresivo, excepto, naturalmente, al “monopolio mediático” y a la
“tribuna de doctrina”. Empero, a los restantes les “marca la cancha” de
manera constante.
Sin opositores políticos
a la vista, con mayoría en el Congreso, y una judicatura comprensiva, el
Gobierno, encarnado en la figura presidencial, proyecta la imagen de una
aplanadora sin vallas que la frenen.
Es real que la
intervención quirúrgica que se practicó a Cristina a comienzos de año, abrió una
impasse fruto de las dudas sobre el tiempo que insumirá su plena
recuperación.
Sin embargo, es dable
conjeturar que, a fines de enero, con la vuelta de la Presidenta a su actividad
habitual, se recompondrá el escenario previo a la
operación.
EL CONTEXTO
ECONOMICO
La fortaleza que exhibe
el Gobierno en el campo político no se replica en el terreno
económico.
Haciendo abstracción de
la crisis económica mundial y sus eventuales coletazos sobre nuestro país, hay
indicadores que generan incertidumbre.
Se mencionan
brevemente:
- El 2011 finalizó con un corralito
cambiario, regenteado por la AFIP, como medida extrema para frenar la fuga de
los ahorros hacia el dólar. Al parecer las apetencias por la divisa no eran
privativas de grandes especuladores, sino mayoritariamente de pequeños y
medianos ahorristas (se calcula que un 60% de la demanda provenía de este
sector).
- Se evaporaron los superávits gemelos;
por el contrario, existe deficit tanto en lo fiscal como en el ámbito del
comercio exterior.
- Los industriales ven con preocupación
la apreciación del peso (para algunos consultores se volvió a un tipo de cambio
real “1 a 1” como en los tiempos, afortunadamente lejanos, de Carlitos y
el Mingo). Ante este fenómeno, el gobierno traba las importaciones para evitar
una devaluación, pero ello -más allá de potenciales controversias con nuestro
principal comprador, el aventajado Brasil- no evita que crezca el costo
laboral en dólares.
- La reducción de subsidios a los
servicios públicos es una medida, en principio, atinada. La iniciativa oficial
debía adoptarse en algún momento; sin embargo, su implementación es confusa en
tanto los abultados incrementos se anuncian selectivos para no afectar a los
grupos mas vulnerables, pero aún no están claros los criterios y mecanismos para
lograr este objetivo. En cualquier caso, las franjas medias sentirán el
impacto.
En resumidas cuentas, es
previsible un incremento del costo de vida, extremo que complica al Gobierno
empeñado en frenar el proceso inflacionario en alza.
EL FRENTE
GREMIAL
Existe un inocultable
realineamiento en el sector sindical.
Tres elementos gravitan
sobre las posiciones que adoptarán los gremios de cara a la
paritaria.
- Es firme intención del Gobierno que
los aumentos que se pacten no superen los indices de inflación (nos referimos,
claro, a los auténticos y no a las acuarelas del INDEC). En esta
dirección, se insiste en una pauta anual del 18% con incrementos paulatinos.
Ello descoloca a la dirigencia sindical que infiere que los salarios
convencionales sufrirán un recorte con el consiguiente disgusto de sus
representados.
- La suspensión o “freezado” del
vínculo de Moyano con el Gobierno ( o al menos la clausura de la línea directa
con la Presidenta), circunstancia que induce reposicionamientos. Prueba de ello,
son los plácemes de Barrionuevo a Moyano -hasta ayer su enemigo declarado-
luego de las duras frases que el último dedicó al Gobierno en el acto realizado
en la cancha de Huracán. Inversamente, algunos contertulios habituales de
Moyano -pertenecientes a sindicatos chicos- están inquietos por las
consecuencias de una pelea frontal entre el camionero y el
Gobierno.
- A su turno, el sindicalismo
alternativo atraviesa una fractura tan inconcebible como inoportuna al perder
gravitación en una encrucijada que pudo consolidarlo como opción válida. El
sector de Miceli sale con los tapones de punta cuestionando el Decreto 324/11
(su artículo octavo estipula que los conceptos de todo tipo no comprendidos
regularmente en los sueldos del personal de revista en la administración
centralizada deberán adecuarse a los requisitos que establezca la Secretaría de
Hacienda) el cual presagia supresiones o reducciones de adicionales en ciertas
reparticiones estatales. ATE contragolpeó reclamando un 30% de incremento
salarial; incluso, el propio Miceli -en aras de presionar al gobierno y restar
espacio político a sus rivales en la interna de la CTA- se permite un coqueteo
con Moyano. La línea que se referencia en Yasky (hasta el presente
judicialmente legitimada) hace malabares para no quedar desubicada frente a sus
pares y, al mismo tiempo, mantener su apoyo al
gobierno.
VARIANTES
COMPLEJAS
A partir de las
reflexiones formuladas, el escenario negocial presenta estas
características:
- Una fuerte impronta del poder
presidencial, lo cual no es poco a la hora de inclinar la
balanza.
- Un sindicalismo imposibilitado de
unificar personería para posicionarse frente al Gobierno y los empresarios.
Desconcertado entre continuar apoyando el “modelo” o dar batalla por las
necesidades objetivas de sus bases.
- Un empresariado circunstancialmente
más cohesionado con expectativas (acentuadas en el sector industrial) de
transitar una entente cordiale con el
gobierno.
- Un marco donde priman: la imperiosa
necesidad de estabilizar los precios, disipar temores devaluatorios, reducir el
deficit fiscal, y sostener en lo posible el nivel de actividad de las
empresas.
Frente a este cuadro de situación, hay variadas posturas.
1.- Los gremios poderosos
de estructura tradicional aunque instalados en distintos espacios
político-sindicales (camioneros, gastronómicos, peones rurales, lucifuercistas,
etc), proclaman que no consentirán condicionamientos o “techos”, y están
pautando sus futuros pedidos en porcentuales que van del 25% al
30%.
2.- Desde la CTA, su
secretario adjunto, Pedro Wasiejko, propuso acuerdos salariales por dos años,
arrancando con un aumento moderado pero ajustados periódicamente a través de una
cláusula gatillo referenciada en el indice de precios al consumidor elaborado
por un conjunto de provincias.
La idea de este sector,
afín al gobierno, sería evitar el impacto psicológico negativo que tendría en la
opinión pública que se pactaran elevados porcentuales de incremento, posible
alimento de la espiral inflacionaria.
3.- Considerar la
situación relativa de cada segmento de la actividad económica.
Existe una norma no
escrita en la negociación colectiva local, la cual impone concertar incrementos
porcentuales, más o menos, uniformes con prescindencia de la bonanza o
dificultad que atraviese el sector de que se trate.
Esta costumbre pudo
generarse como consecuencia de una larga historia de ingerencia estatal fijando
los aumentos salariales por decreto.
Actualmente hay
disparidades remuneratorias importantes según la rama de actividad que se
tome.
A modo de ejemplo: un
oficial primero de maestranza tiene un básico convencional de $2327, en tanto
que para un auxiliar bancario es de $4.607.
Si consideramos las
remuneraciones globales promedio (incluyendo antigüedad, adicionales, premios,
etc), la brecha se ensancha.
Según el INDEC, el
salario promedio de un petrolero es de $15.000, para un empleado estatal de
$8000, pero para un peón de cocina gastronómico de $2900.
Los guarismos
precedentes están referidos al segundo trimestre de 2011.
Habría que reflexionar
sobre estas asimetrías, así como la porfía sindical de mantenerlas a rajatabla.
En momentos en que vuelve a insinuarse el flagelo inflacionario, quizás los
incrementos paritarios debieran proporcionarse priorizando a los más rezagados
en esta empinada pirámide salarial.
4.- Vinculado al punto
anterior, cabe señalar que el gobierno guarda en la manga dos comodines para
lubricar una negociación conforme a su propósito moderador.
Uno de ellos es el tope
mínimo para el impuesto a las ganancias, el cual está completamente
desactualizado ($8000 para un trabajador casado con dos hijos, y $6000 para un
soltero sin hijos), y rebana una porción no menor de las remuneraciones en los
sectores mejor posicionados.
Los gremios vienen
reclamando su directa eliminación o, cuando menos, una elevación sustancial de
su importe.
La otra carta es el tope
máximo para el devengamiento de las asignaciones familiares ($5.800), el cual
una vez superado priva al trabajador de las mismas. Aquí se verifica una
paradoja; en efecto, un trabajador con cargas de familia cuyo ganancial exceda
dicho tope se lleva en el bolsillo menos dinero que un compañero sin hijos con
menores gastos.
Bajo la hipótesis de
aumentos diferenciados por rama de actividad, la adecuación de los topes antes
referidos atenuaría el eventual achatamiento de los niveles salariales de cada
una de ellas.
